El TC admite a trámite el recurso del PP contra 114 artículos y doce disposiciones del Estatut

La Sección Cuarta del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el PP contra el Estatuo de Catalunya, en concreto, contra 114 artículos de los 223 del texto, contra nueve disposiciones adicionales y tres disposiciones finales. Además, ha acordado trasladar al Pleno del Alto Tribunal la recusación presentada por este partido contra el magistrado Pablo Pérez Tremps, para que sea ese órgano el que decida.

El Constitucional admite a trámite este recurso y traslada su decisión al Congreso, al Senado y al Gobierno, así como a la Generalitat y al Parlament de Catalunya, de manera que puedan personarse en el proceso y formular alegaciones en un plazo de quince días. Además, el Tribunal abre un plazo de diez días para que los diputados que lo quieran puedan adherirse a este recurso, presentado con la firma de más un centenar de parlamentarios populares.

El PP formalizó el recurso el 31 de julio pasado; es el primero de los tres recursos de inconstitucionalidad presentados contra el Estatut que ha sido admitido ya a trámite; están pendientes de admisión el del Defensor del Pueblo (presentado el 19 de septiembre) y el de la Región de Murcia (formalizado el pasado lunes).

Han anunciado también recurso de inconstitucionalidad la Comunidad Valenciana, Aragón, La Rioja y las Islas Baleares, pero no lo han presentado. El plazo para hacerlo termina el 19 de octubre.

Recusación de Pérez Tremps

Por otro lado, la Sección Cuarta traslada al Pleno del Tribunal Constitucional la recusación que, junto al recurso, presentó el PP contra el magistrado Pablo Pérez Tremps alegando que ha perdido "imparcialidad" para resolver este asunto por haber participado, junto a otros expertos, en un libro titulado ''Estudios sobre la reforma del Estatuto'', encargado y pagado por el Institut d''Estudis Autonòmicos de la Generalitat.

Es la segunda vez que el primer partido de la oposición propone la recusación de este magistrado. Ya lo hizo cuando presentó recurso de amparo contra la tramitación en el Congreso del proyecto de reforma estatutaria. Entonces, el Alto Tribunal lo rechazó por ocho votos a tres.

Argumentos

Al presentar el recurso, el PP reclamó al Constitucional que lo resuelva con urgencia porque la sentencia será "ejemplar" ante el resto de reformas estatutarias en marcha. Para los populares, sería razonable que el Constitucional dictase su fallo antes de que concluya esta legislatura, de manera que "cada uno sepa a qué atenerse" en las próximas elecciones generales.

Federico Trillo, portavoz del PP en la Comisión Constitucional, expuso en su día que el objetivo general del recurso es defender la Constitución, puesto que el Estatut "está configurado como una Constitución paralela", y la igualdad de todos los españoles.

El PP ha recurrido aspectos "transversales" del texto y cuestiones concretas. Por partes, se impugna tres párrafos del preámbulo por la inclusión del concepto de nación. "Desde el punto de vista constitucional, no hay más nación que la española, sin que puedan equipararse nacionalidades y regiones", resumió Trillo.

Vinculado con esto, los populares recurren siete artículos del Título Preliminar por la obligatoriedad de conocer y emplear el catalán y que esta sea la lengua vehicular en la enseñanza. Soraya Sáenz de Santamaría, responsable de Política Autonómica y Local del PP, explicó que para fundamentar esta y otras impugnaciones se han empleado argumentos de los debates constituyentes. "No hay interpretación más clara de la Constitución que la de aquellos que la elaboraron", explicó.

El recurso afecta igualmente al Título de Derechos y Deberes, porque según el PP la Constitución obliga a la "máxima igualdad" de los españoles en este aspecto, que se rompe con la regulación catalana; la diputada argumentó que el Estatut interviene en la vida económica y social de los catalanes y en los medios de comunicación, entre otros aspectos.

Respecto al capítulo del Poder Judicial, Trillo insistió en que en este apartado se ve con claridad la aspiración del Estatut "de convertirse en una Constitución". Para el PP, se rompe la unidad del Poder Judicial "tanto en la función jurisdiccional como en la vertiente orgánica". "El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aparece como un Tribunal Supremo, que queda reducido a un residuo limitado a unificar doctrina", subrayó el portavoz parlamentario.

Competencias

El recurso del PP contra el capítulo de las competencias tiene dos partes. Una contiene una fundamentación general contra el blindaje. "No se puede repartir desde un estatuto las competencias de la Comunidad Autónoma y limitar las del Estado y su capacidad para aprobar legislación básica", resumió Sáenz de Santamaría. La otra parte del recurso recoge la impugnación de muchos artículos sobre competencias concretas.

Para ello, según Sáenz de Santamaría, el PP utiliza en su argumentación "ni más ni menos que jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional desde hace tiempo".

El recurso continúa con la regulación de las relaciones entre el Estado y la Generalitat y la bilateralidad, partiendo de la igualdad entre ambas partes. Federico Trillo explicó que si la resolución del TC será ejemplar en el futuro, entre otras cosas, lo será por lo que diga sobre este capítulo, porque para el PP, "si la bilateralidad preside las relaciones de las 17 Comunidades Autónomas con el Estado, el modelo es inviable, sería impracticable el Estado autonómico".

Trillo abundó en este argumento del recurso del PP. A su juicio, este principio bilateral es propio del federalismo y sitúa a Catalunya por delante de las otras 16 CCAA y las dos Ciudades Autónomas. "No hay precepto en la Constitución que admita esto, ni siquiera cuando reconoce los derechos forales de Navarra y del País Vasco. Es una situación privilegiada", recalcó.

Una argumentación similar sigue el PP contra el capítulo de la financiación, que aseguran que está redactado para constituir "un modelo propio, según un principio que la Constitución no ampara". "Y nos preocupa -agregó Soraya Sáenz de Santamaría-, porque afecta a la solidaridad interterritorial, una de las llaves del cierre del sistema".