Los padres podrían hacer objeción de conciencia en la asignatura Ciudadanía, según los obispos

Madrid

Sólo un día después de que el Ministerio de Educación y la Conferencia Episcopal Española escenificasen su buen entendimiento, los obispos han hecho hoy un llamamiento a los padres para que utilicen la objeción de conciencia a la hora de decidir cómo aplicar la asignatura "Educación para la ciudadanía", incluida en la LOE. Los obispos han mostrado también su "satisfacción" por el nuevo modelo de financiación acordado con el Gobierno de Rodríguez Zapatero y han destacado que con él "gana todo el mundo".

El Episcopado ha vuelto a criticar el desarrollo de la asignatura de 'Educación para la Ciudadanía', materia obligatoria en el currículo del alumno, según fija la LOE. Aunque aún quedan muchos meses para que esta asignatura se incorpore al día a día de los escolares, la jerarquía eclesiástica ha sugerido el uso del derecho a la objeción de conciencia por parte de los padres.

El portavoz de los obispos, Juan Antonio Martínez Camino, ha puesto como ejemplo del "derecho de los padres a la objeción de conciencia" el hecho de que esta materia incluya en su programa formativo "contenidos respecto a la moral matrimonial contradictorios con la voluntad de los padres". Por tanto, la Iglesia aceptaría sólo esta materia en la escuela siempre que no fije una opción moral determinada.

Además, Martínez Camino también se ha referido al acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal sobre el modelo de financiación de la Iglesia, acuerdo en el que no hay ganadores ni perdedores, sino que "gana todo el mundo: el Gobierno porque soluciona un problema, la Iglesia porque se encuentra más libre y los contribuyentes porque voluntariamente pueden elegir a quién destinan su dinero y quién se beneficia del mismo", según Martínez Camino.

El acuerdo alcanzado el pasado viernes supuso elevar al 0,7% la cantidad que voluntariamente pueden aportar los contribuyentes a la Iglesia en el IRPF pero suprime la aportación económica directa por parte del Estado. La Iglesia católica se compromete a mejorar la memoria justificativa sobre el destino de los fondos obtenidos por la asignación tributaria, y renuncia a la exención por IVA en la adquisición de bienes inmuebles y a lo no sujeción en la adquisición de objetos destinados al culto.