El juez mantiene la imputación al juez suspendido por el 'caso Malaya'
El TSJA decreta el secreto del sumario y no impone ninguna medida cautelar al juez
El juez del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Miguel Pasquau, que investiga la presunta implicación en la 'operación Malaya' del juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad de la Costa del Sol, Francisco Javier de Urquía, ha decretado secreto de sumario en el caso. Tras tomarle declaración, ha descartado tomar medidas cautelares, pero mantiene la imputación por los supuestos delitos de cohecho y prevaricación.
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El juez del juzgado marbellí llegó a la sede del TSJA sobre las 10.00 horas para prestar su declaración, que se extendió por algo más de dos horas, hasta aproximadamente las 12.15 horas, cuando salió en libertad sin fianza a la espera de que avancen las investigaciones y se determine su supuesta implicación en el caso.
Francisco Javier de Urquía suspendido cautelarmente el jueves por ser investigado por su presunta implicación en el caso 'Malaya', declarará hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por el procedimiento penal abierto, según confirmaron fuentes jurídicas.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó por unanimidad en una reunión extraordinaria suspender cautelarmente de funciones al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, al existir sospechas de que podría haber cometido delitos de prevaricación y cohecho en relación con la operación 'Malaya'.
Esta suspensión se produjo después de que la Sala de lo Civil y Penal del TSJA abriera diligencias penales contra el juez, una vez que el instructor del 'caso Malaya', Miguel ngel Torres, compañero de Juzgado de De Urquía, se topara "por casualidad" con el nombre del magistrado y lo remitió al organismo correspondiente. En este procedimiento, el instructor es Miguel Pasquau, según dijeron otras fuentes.
El juez suspendido ha instruido numerosas causas, entre las que destaca el denominado caso ''Hidalgo'', que investiga el presunto blanqueo de capitales en torno al despacho de abogados marbellí Cruz-Conde, procedimiento en el que hay 24 imputados, entre notarios, abogados y supuestos clientes de dicho bufete.
