Anticorrupción pide la apertura de juicio oral contra los responsables de Sintel y antiguos altos cargos de Telefónica
Entre la veintena de personas para las que la Fiscalía solicita la imputación figuran Jorge Mas Santos y Cándido Velázquez
La Fiscalia Anticorrupcion considera que ya está todo investigado y que, por tanto, el juez Santiago Pedraz puede abrir juicio oral contra los responsables de Sintel y antiguoa altos cargos de Telefónica de España. Entre ellos, figuran Jorge Mas Santos -hijo del líder anticastrista Mas Canosa- y el entonces presidente de Telefónica, Cándido Velázquez.
El fiscal anticorrupción ha presentado su informe al juez, en el que solicita la imputación de 20 personas por haber contribuido a la crisis y a la quiebra de la sociedad. La Fiscalia sostiene que se han cometido delitos contra la Hacienda Pública y delitos de insolvencia punible.
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Entre los imputados, para quienes el fiscal solicita la apertura de juicio, se encuentran los antiguos altos directivos de Sintel, como su presidente Jorge Mas Santos, los administradores y miembros del Consejo de Administracion, como el empresario Juan Miguel Antoñanzas, y además, el entonces presidente de Telefónica, Cándido Velázquez, y el secretario del Consejo de Administracion de esta compañia, Heliodoro Alcaraz.
La Fiscalía dice en este informe que la mala gestión de la compañía ha provocado notables perjuicios a los trabajadores, pero no solo económicos sino tambien morales y psíquicos. Lo que ha hecho constar para que se tenga en consideración a la hora de determinar cuanto dinero pueden reclamar.
La Fiscalía sostiene que los ex trabajadores de Sintel tendran derecho a dos tipos de indemnizaciones: una para reparar el daño economico, tanto por los créditos no satisfechos como por los expedientes de regulacion de empleo que se han incumplido, y además otra indeminización para reparar los perjuicios materiales y morales.
En este sentido, los daños morales, el fiscal anticorrupcion, José Grinda, dice que fue especialmente intenso porque los trabajadores se vieron injustamente privados de su empleo y no pudieron contar con otros recursos que ciertas ayudas publicas.
El juez Santiago pedraz tiene ahora la palabra para imputar a los que le propone la Fiscalía y para que se celebre juicio contra todos ellos.
