El Consejo Europeo de ministros aprobará el lunes un nuevo texto en materia laboral

Tras la polémica directiva europea sobre inmigración, los 27 trabajan en un nuevo texto en materia laboral, que aprobarán el próximo lunes, y que, entre otras cosas, amplía hasta 65 el máximo de horas de trabajo a la semana, y en contratos de menos de cuatro meses, a tiempo ilimitado.

Se trata de un claro retroceso en libertades y seguridad de los trabajadores que tiene muy preocupados a los sindicatos. La directiva se empezó a discutir en 2005 y es bastante probable que el lunes, tras varios fracasos, sea aprobada por el consejo europeo de ministros de Empleo. El polémico texto tiene varios aspectos, entre ellos, la posibilidad de alargar más allá de las 48 horas la jornada semanal de un trabajador.

Hasta ahora para hacerlo se requiere el acuerdo con los sindicatos, un requisito que se elimina. La directiva también pretende cuantificar como horas de descanso el tiempo que los médicos duermen en el hospital durante las guardias.

Además se prevé que los trabajadores de ETT's no se equiparen en derechos a los asalariados hasta que transcurran 4 meses desde su incorporación a una empresa.

La normativa laboral la decide cada estado, la directiva solo fija el techo, así que deberá ser cada gobierno el que decida si quiere modificar o no su legislación y fijar su jornada laboral.

Se trata de un documento sobre el que se está trabajando desde hace años y con el que han sido más críticos países como Francia, España e Italia. Pero, en este caso, la vuelta de Silvio Berlusconi al poder ha dado un vuelco a los apoyos iniciales con los que contaba la directiva.

Esta norma es de ámbito comunitario, pero como con la nueva ley de inmigración, su aplicación dependerá de los Estados y, en este caso, el Gobierno español ya ha dicho que no modificará nuestra normativa laboral.

El Estatuto de los Trabajadores fija por término general en 40 horas semanales la jornada laboral y el gobierno español, que se opone a la modificación de la directiva, ya ha anunciado que no piensa modificarlo.

Así que, de manera directa, la directiva no afectará a la legislación española ni a nuestro tiempo de trabajo, aunque si se aplica en otros países pueden producirse situaciones de dumping social, de desigualdad entre trabajadores y eso puede tener consecuencias sobre la competitividad de las empresas de cada país. Y sobretodo deja la puerta abierta para que más adelante en el futuro se puedan modificar las normas españolas y adaptarlas a la directiva europea.