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Domingo, 26 de Enero de 2020

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China, a la cabeza de los mayores verdugos del mundo

En el Día Mundial Contra la Pena de Muerte, Amnistía Internacional pide una moratoria universal de las ejecuciones

Con motivo del Día Mundial Contra la Pena de Muerte, Amnistía Internacional (AI) insta a todos los países del mundo a aprovechar el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para apoyar una nueva resolución en Naciones Unidas que impulse definitivamente una moratoria universal de las ejecuciones, como paso decisivo hacia la abolición de la pena de muerte en todo el mundo.

Esta nueva resolución reforzaría notablemente la Resolución 62/149 de la ONU, aprobada el 18 de diciembre de 2007 por una amplia mayoría, a favor de una moratoria de las ejecuciones en todo el mundo.

Amnistía Internacional pide que esta nueva resolución deplore toda decisión de restaurar la pena de muerte, afirme que la pena de muerte vulnera los derechos humanos y pida respeto a las normas internacionales que protegen a los condenados. AI recuerda que la pena de muerte constituye una violación del derecho a la vida y el derecho de toda persona a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ambos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros instrumentos de derecho internacional.

Hacia la abolición: un camino imparable

La tendencia hacia la abolición parece ser ya imparable. En la actualidad, 92 países han eliminado la pena de muerte para todos los delitos. Otros diez lo han hecho solo para los delitos comunes, mientras que existe un grupo de 35 Estados a los que se considera "abolicionistas en la práctica", al no haber llevado a cabo ejecuciones en los últimos diez años. Así, el número de países abolicionistas en la ley o en la práctica suma ya 137. Sin embargo, 60 países siguen siendo retencionistas y hubo constancia de ejecuciones durante 2007 en 24 de estos últimos.

Los mayores verdugos

Sin embargo, el camino todavía será largo, ya que aún son muchos los países que practican de forma masiva la pena de muerte. A la cabeza se sitúa China, donde las promesas de las autoridades chinas en los Juegos Olímpicos quedaron finalmente en papel mojado.

China

A pesar de que la celebración de los Juegos Olímpicos en Pekín fue vista como una oportunidad para el avance en materia de derechos humanos, el país continúa siendo el que mayor número de ejecuciones lleva a cabo en todo el mundo. Amnistía Internacional registró un total de 470 ejecuciones durante 2007, y se impusieron al menos 1.860 condenas a muerte. En la actualidad, en la República Popular China existen 68 delitos castigados con la pena de muerte, entre los que figuran algunos de carácter no violento, como el tráfico de drogas o los delitos económicos.

Irán

En 2008, Amnistía Internacional ha tenido noticia de al menos 227 ejecuciones. En 2007 se registraron 317 ejecuciones, frente a las 177 del año anterior. Además, Irán sigue siendo el principal ejecutor de menores, y en lo que va de año se han documentado al menos seis casos. Es preocupante también que delitos como la publicación de blogs y páginas web que promuevan a la prostitución o la apostasía puedan pasar a ser castigados con pena de muerte, según el proyecto del Código Penal que se debate actualmente.

A pesar de la buena noticia de la suspensión de las lapidaciones anunciada por la Magistratura iraní en agosto, Amnistía Internacional ha acogido la noticia con cautela ya que en 2002 el presidente de la Magistratura ya anunció una suspensión de las lapidaciones y, sin embargo, desde entonces al menos tres personas han muerto lapidadas en Irán.

Arabia Saudí

En lo que va de 2008, el número de ejecuciones de las que Amnistía Internacional ha tenido noticia se sitúa en 71, aunque la organización considera que la cifra real es muy superior. En 2007 se ejecutó al menos a 143 personas, entre ellas un menor y 76 extranjeros, convirtiéndose así en el Estado con mayor número de ejecuciones en relación a su número de habitantes. A pesar de haber ratificado en 1996 la Convención sobre los Derechos del Niño, se sigue condenado a la pena capital a personas que cometieron delitos cuando eran menores de 18 años.

Pakistán

Amnistía Internacional ha recordado al nuevo presidente, Asif Ali Zardari, con motivo de su toma de posesión, el compromiso público de su partido y del primer ministro, Raza Gilani, a favor de conmutar las penas de los más de 7.000 condenados a muerte en el país. De llevarse a la práctica, ésta se convertiría en la mayor conmutación de nuestra época y en un primer paso hacia la suspensión general de la pena de muerte, con el objetivo final de abolirla.

En 2007 se produjeron 135 ejecuciones, entre las que Amnistía Internacional registró la de Mamad Mansha, el pasado noviembre, por un delito cometido cuando tenía 15 años, a pesar de que la ejecución de menores está prohibida en Pakistán.

Estados Unidos

El recurso que denunciaba que la inyección letal empleada en Kentucky viola la Octava Enmienda a la Constitución fue rechazado el 16 de abril de 2008 por el Tribunal Supremo. El método empleado en Kentucky es prácticamente igual al que emplea el gobierno federal y la mayor parte de los 36 estados en los que se aplica la pena de muerte, y el recurso permitió una suspensión efectiva de las ejecuciones desde septiembre de 2007 hasta el rechazo al recurso en Washington.

Si el Supremo hubiera fallado a favor de este recurso, la decisión hubiera supuesto un gran avance hacia la abolición definitiva de la pena capital en este país. Sin embargo, tras la decisión del Tribunal Supremo y hasta el pasado 7 de octubre, EE.UU ha ejecutado ya a 24 reos y sigue corriendo el calendario de ejecuciones.

En 2007, la cifra de ejecuciones fue de 42 en Estados Unidos. Además, la ejecución de personas con enfermedades mentales y la posibilidad de que se condene a muerte a detenidos en Guantánamo juzgados ante Comisiones Militares, son motivos de preocupación para la organización.

Amnistía Internacional ha instado a los candidatos presidenciales en las elecciones 2008 a incluir en sus programas la abolición de la pena capital y, en concreto, dictar una moratoria para tramitar su posterior abolición en el Congreso.

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