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Sábado, 19 de Octubre de 2019

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El Gobierno pide al Supremo la disolución de los grupos municipales de ANV

También solicita la disolución del grupo que el PCTV tiene en el Parlamento vasco

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, solicitó hoy al Tribunal Supremo que disuelva todos los grupos municipales que Acción Nacionalista Vasca (ANV) tiene en distintos municipios de la Comunidad Vasca y Navarra, así como la disolución del Grupo Parlamentario que el Partido Comunista de la Tierras Vasca (PCTV) tiene en la Cámara de Vitoria.

En concreto, la Abogacía del Estado se ha dirigido a la Sala del 61 del Tribunal Supremo para solicitar la completa ejecución de la sentencia de ilegalización dictada por este órgano jurídico contra ANV y PCTV el pasado mes de septiembre por ser sucesores de Batasuna y estar integradas dentro del entramado de ETA.

A través de sendos escritos, los servicios jurídicos del Estado han solicitado a la Sala del 61 del Tribunal Supremo que se completen las medidas de ejecución para culminar el proceso de disolución de PCTV y ANV, según informó el Ministerio de Justicia.

Anteriormente, el pasado día 10, la Abogacía del Estado pidió al Tribunal Constitucional que no suspenda la ejecución de las sentencias de ilegalización del Tribunal Supremo, tal y como solicitó ANV ante el mencionado tribunal al presentar un recurso de amparo contra la decisión del Supremo.

La cancelación de la inscripción de ambos partidos en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior ya se realizó el pasado 23 de septiembre.

Además, todos los bienes y derechos de estos partidos, incluidos los derechos de crédito por subvenciones, ya estaban embargados por la Sala del Tribunal Supremo y por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Ahora, y de forma complementaria, la Abogacía del Estado pide la liquidación de todos los bienes de las dos formaciones, que para tal fin se nombren liquidadores funcionarios públicos de la Agencia Tributaria y que se pongan a disposición del Tribunal Supremo para poder destinar su importe neto a la finalidad prevista en la Ley de Partidos Políticos.

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