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Anticorrupción pide dos años de prisión para Fabra por falsedad documental

La Fiscalía acusa al presidente de la Diputación de Castellón de falsear documentos oficiales para beneficiar a la empresa de su esposa

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado dos años de prisión para el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, al acusarle de un delito de falsedad en documento oficial por su presunta implicación en una trama que se dedicaba a vender plaguicidas ilegales, un negocio que favorecía a una empresa de la esposa del dirigente popular.

El fiscal anticorrupción Luis Pastor Motta, encargado del caso, hizo esta petición en un escrito de calificación dirigido al juzgado número 2 de Nules (Castellón), después de que este órgano jurídico procesara hace dos semanas a Fabra y otros ocho imputados en la trama.

En su escrito, el fiscal Pastor Motta asegura que Fabra, junto con otras dos personas, presentó documentación manipulada para conseguir del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación el mayor número posible de autorizaciones para la producción de productos fitosanitarios por parte de las empresas Comercial de Industrias Químicas Arcavi y Artemis 2000.

Comercial de Industrias Químicas Arcavi estaba participada a partes iguales por la también acusada Montserrat Vives Plaja y por María de los Desamparados Fernández Blanes, esposa de Carlos Fabra.

Informes simulados

En concreto, el fiscal Anticorrupción asegura que Fabra y los demás acusados simulaban informes técnicos e imitaban documentos supuestamente emitidos por laboratorios de India y China.

"Para simular los documentos de laboratorios extranjeros llegaron a fabricar sellos y cuños que, en un primer momento, fueron proporcionados por el acusado Carlos Fabra para, posteriormente, ser proporcionados por el acusado Manuel Martínez Martí", señala el representante del Ministerio Público.

En total, consta que hasta en seis ocasiones fueron falsificados los sellos y firmas en la documentación presentada por Comercial de Industrias Químicas Arcavi ante el Registro de Productos y Material Fitosanitario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la obtención de autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios.

A la luz de estos hechos, el fiscal Pastor Motta acusa a Fabra así como a Vicente Vilar Ibáñez y Montserrat Vives Plaja de un delito continuado de falsedad en documento oficial y pide dos años de prisión para todos ellos así como solicita que se les imponga una multa de 6.000 euros.

No es la única causa

Carlos Fabra tiene pendiente, además, otra causa en los juzgados del municipio castellonese de Nules. En este caso, se le acusa de cobrar a cambio de favores públicos, de un delito contra la Hacienda pública y diversos contra la Administración: entre ellos, cohecho y prevaricación.

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