EE UU suspende por seis meses las sanciones a Cuba
Barack Obama ha notificado al Congreso que suspenderá a partir del 1 de agosto la aplicación de la ley Helms-Burton
Desde hace 12 años, cualquier empresa extranjera que invierte en Estados Unidos tiene prohibido negociar con Cuba.Así lo define la ley Helms - Burton y desde entonces, quien quiera tener relación con el Gobierno de Fidel Castro puede ser sancionada severamente. Pero hasta diciembre esto se acabó. El presidente Barack Obama ha decidido suspender la ley durante los próximos seis meses.
Obama ha notificado al Congreso que a partir del 1 de agosto no se aplicará la ley, vigente desde 1996 y que suponía fuertes sanciones a Cuba y a sus empresas. Esta decisión del presidente de los Estados Unidos supone la continuación del cambio de política aperturista hacia Cuba.
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Desde que llegó a la presidencia, Obama ha tratado de marcar una diferencia con la política que mantenía su antecesor George W. Bush. En abril, levantó las restricciones de viajes y envíos de remesas de los cubanoamericanos a la isla, que fueron severamente limitados en 2004 por el Gobierno de Bush.
El levantamiento de las restricciones afecta al millón y medio de cubanoamericanos que a partir de ahora podrán mandar dinero y viajar a la isla cuando quieran. Sin embargo, estas medidas anunciadas no cambian el embargo, impuesto por John F. Kennedy hace 47 años.
La decisión surge después de que Estados Unidos y Cuba concluyeran este martes su primera reunión desde 2003 para analizar cuestiones migratorias, que ambos países calificaron de "fructífera" y se centró en las maneras de lograr que el flujo migratorio bilateral sea en el futuro seguro, legal y ordenado.
El fin de la Ley Helms-Burton, redactada por el entonces presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, el ultraconservador Jesse Helms -fallecido en 2008-, establece sanciones para compañías y particulares extranjeros que negocien con propiedades en Cuba reclamadas por ciudadanos estadounidenses.
También es conocida como la Ley para la libertad y la solidaridad democrática cubanas y es vigente desde el 1 de marzo de 1996 cuando fue promulgada por el entonces presidente Bill Clinton y establece que cualquier compañía no norteamericana que tiene tratos con Cuba puede ser sometida a represalias legales, y que los dirigentes de la compañía pueden ver prohibida su entrada en Estados Unidos. Esto significaba que compañías internacionales debían elegir entre comerciar con Cuba o comerciar con los Estados Unidos, que son un mercado muchísimo mayor.
Le ley, que toma su nombre por sus principales promotores, el senador por Carolina del Norte, Jesse Helms, y el representante por Illinois, Dan Burton se introdujo como consecuencia de un incidente sucedido un mes antes. El 24 de febrero de 1996, cuando un MiG-29 y un Mig-23 del Gobierno Cubano derribaron dos aviones privados[1] operados por el grupo de cubanos emigrados en Estados Unidos "Hermanos al rescate".[2] mientras intentaban violar nuevamente el espacio aéreo cubano. Esta organización de cubanos emigrados busca localizar a balseros cubanos para ayudarles a llegar a Florida. En esta ocasión se proponían como en otras muchas ocasiones lanzar boletas subversivas en contra del gobierno cubano; para llevar a cabo su misión tuvieron que penetrar en el espacio aéreo cubano como había ocurrido en reiteradas ocasiones, ya teniendo varias advertencias.
Los detractores de esta ley aducen que desde el punto de vista político, pretende perpetuar el clima de hostilidad en la política de los Estados Unidos hacia Cuba, para forzar la destrucción de la Revolución Cubana, y, desde el punto de vista económico, intimidar por todos los medios posibles a los empresarios extranjeros para tratar de evitar las inversiones y el comercio internacional con Cuba.
La norma fue un paso más en la política de endurecimiento de las relaciones con Cuba iniciada con la Ley Torricelli de 1993. La Helms-Burton está compuesta de cuatro artículos que definen quiénes son los posibles demandantes y las sanciones que afrontan las compañías extranjeras que ocupan negocios expropiados por la revolución cubana. La ley asegura que EEUU debe "proteger a sus ciudadanos de confiscaciones irregulares realizadas por naciones extranjeras que ponen en riesgo el libre comercio y el desarrollo económico".
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