El Congreso da el primer paso para que el Supremo investigue a Jesús Merino

La Mesa del Congreso ha dado curso al suplicatorio del diputado del PP, Jesús Merino, pedido por el Tribunal Supremo para su investigación del caso Gürtel. La comisión, que dará audiencia al afectado para que se explique personalmente o por escrito, dispone de 30 días para concluir su trabajo. Se calcula que esa votación, que tiene carácter secreto, podría tener lugar en la primera sesión plenaria de octubre. En las dos últimas legislaturas no se ha tramitado ningún suplicatorio en el Congreso, si bien en las anteriores se aprobaron un total de 26 peticiones y se rechazaron otras 13.

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Una vez la Comisión del Estatuto del Diputado analice el asunto y consulte a Merino, por escrito o de manera presencial, elaborará un dictamen que será votado en el pleno ordinario inmediatamente posterior. Para que todo esto ocurra, según la ley, desde hoy no pueden pasar más de 60 días. Paralelamente, el Senado habrá de iniciar un proceso idéntico referido en este caso al senador Luis Bárcenas.

El presidente del Congreso, José Bono, deberá informar de la decisión al Supremo en los siguientes ocho días. Los reglamentos de ambas Cámaras establecen que los suplicatorios se entenderán denegados si éstas no se han pronunciado sobre los mismos en "el plazo de sesenta días naturales, computados durante el periodo de sesiones a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio". Dado que julio y agosto son inhábiles, este plazo comenzará a contar hoy, 1 de septiembre.

Evitar "demonizar" al diputado

El presidente del Congreso, José Bono, ordenó al secretario general de la institución que custodiara toda la documentación en la caja fuerte de la Cámara sin que quedara ninguna mención a Merino en el registro. Bono obtuvo la conformidad de todos los grupos parlamentarios. Bono justificó esta decisión en su intención de evitar que un suplicatorio pueda contribuir a "demonizar" o a "condenar anticipadamente" a un diputado.

"Que un suplicatorio se presente no significa una condena para el diputado. Se trata de una solicitud para poder continuar un procedimiento judicial penal. La presunción de inocencia de los ciudadanos imputados y no condenados también abarca a los diputados y por ello no se les puede presumir culpables hasta que no haya una sentencia que lo declare", dijo.