La Abogacía, contraria a ampliar el plazo de retención de los inmigrantes irregulares

El Consejo General de la Abogacía ha criticado la reforma de la Ley de Extranjería. Se muestra contrario a ampliar el plazo de retención de los inmigrantes en situación irregular y a las limitaciones que plantea la norma en la reagrupación familiar.

La Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha instado este miércoles a los grupos parlamentarios en el Senado a conseguir durante la tramitación de la reforma de la Ley de Extranjería un texto "que plasme adecuadamente el principio de igualdad y no discriminación, esencial en cualquier ordenamiento".

En un comunicado con motivo del fin, este jueves, del plazo de presentación de enmiendas al texto estipulado en la Cámara Alta, los abogados de extranjería reivindican modificaciones capaces de "cristalizar además el principio según el cual ninguna persona (tenga documentos o carezca de documentación) es ilegal, aun cuando pueden serlo un número importante de sus actos".

En cuanto al proyecto de reforma emanado del Congreso, la Subcomisión de Extranjería del CGAE expresa su "satisfacción por algunas de las mejoras introducidas" y también su "preocupación por la permanencia de aspectos que inciden negativamente en derechos fundamentales de la persona".

En este sentido, señalan entre otros "aspectos sin resolver", la ampliación del plazo de internamiento, la restricción de la reagrupación familiar y la regulación del derecho a la asistencia jurídica gratuita (Artículo 22), que "impone requisitos procesales adicionales a los extranjeros para poder acceder a la jurisdicción contencioso administrativa que podrían ser contrarios al mandato constitucional".

"Es preciso hacer un esfuerzo último en el Senado para salvar adecuadamente estas sombras de inconstitucionalidad", señalan los expertos de la Subcomisión, quienes apuestan por "la conveniencia de regular expresamente el derecho de los menores no acompañados a la asistencia letrada en los procesos que puedan llevar a su repatriación".

Sobre este asunto, reivindican además, "el cumplimiento del principio de proporcionalidad en los procedimientos sancionadores", porque a su juicio, "la Ley sigue dejando demasiado margen a la práctica habitual de los agentes policiales de optar de forma casi automática por el procedimiento preferente", es decir, la expulsión del territorio nacional por mera irregularidad en lugar de la multa.