La Fiscalía General del Estado también pide prisión por informar
Cándido Conde Pumpido solicita cinco meses de prisión para el director y el jefe de Informativos de la CADENA SER, que desvelaron un caso de afiliaciones irregulares en el PP de Madrid
La Fiscalía General del Estado se suma a las tesis del juez que condenó a los dos periodistas de la SER por revelación de secretos al desvelar afiliaciones irregulares al PP y pide 5 meses de prisión para Daniel Anido y Rodolfo Irago.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, solicita a la Audiencia Provincial de Madrid que condene a cinco meses de prisión, sustituibles por multas al director de la Cadena SER, Daniel Anido, y al director de los servicios informativos de esta cadena, Rodolfo Irago.
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La Fiscalía coincide así con el polémico criterio del juez del caso de que al denunciar un proceso masivo de afiliaciones irregulares en el PP de Madrid impulsado por dos constructores vinculados con el tamayazo, los periodistas cometieron delito de revelación de secretos al publicar la lista de los que participaban en el pucherazo denunciado desde el propio PP.
El juez Rodríguez Fernández condenó hace dos semanas a estos dos periodistas a un año y nueve meses de prisión, inhabilitación profesional durante el mismo periodo de tiempo y a multas de más de 130.000 euros. La sentencia reconocía, sin embargo, que la información era veraz, estaba contrastada, era noticiable y de interés publico
La Fiscalía coincide con el juez en que Anido e Irago cometieron un delito y asume también la tesis del magistrado de que no era necesario publicar la lista de las afiliaciones irregulares. Sin embargo, pide que se les rebaje la condena porque obraban en el ejercicio del derecho a la libertad de información.
Las tesis de Fiscalía General del Estado contradicen de forma radical a la práctica unanimidad de las opiniones de asociaciones de jueces y fiscales, catedráticos y expertos que han señalado que los dos periodistas de la SER se limitaron a hacer su trabajo y a publicar una noticia veraz y de evidente interés público.
El constitucionalista Marc Carrillo y el ex magistrado del Constitucional, Rafael Mendizábal han coincidido en que "cuando se ha probado la veracidad de unos hechos, su interes público y la relevancia de los mismos, tiene que prevalecer siempre el derecho a la información".
