Jueves, 26 de Mayo de 2022

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El CGPJ asegura que su comunicado no iba dirigido a Zapatero

"Ninguno de los vocales del Consejo entendemos que el hecho de hablar bien de un juez constituya injerencia en la actuación judicial", asegura Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ, que el pasado lunes emitió un comunicado pidiendo respeto a las actuaciones del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, señaló hoy que "el hecho de hablar bien de un juez no constituye ninguna injerencia en la actuación judicial", en alusión a las manifestaciones de apoyo vertidas el pasado fin de semana por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, respecto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, incurso en tres causas penales en el Tribunal Supremo.

Preguntada por este asunto durante su intervención en el foro Aragonex, organizado por Renfe y el Gobierno de Aragón, Bravo indicó que la declaración institucional emitida por el CGPJ el lunes, exigiendo a los responsables políticos el máximo respeto a la función de los jueces, "no ha sido la respuesta a las manifestaciones del presidente del Gobierno", quien alabó la valentía de Garzón en su lucha contra ETA.

"Ninguno de los vocales del Consejo entendemos que el hecho de hablar bien de un juez constituya injerencia en la actuación judicial, sobre todo cuando transmites a la sociedad tu respeto por las decisiones judiciales", insistió Bravo.

No trató de responder "a nadie en concreto"

Añadió que, con su declaración institucional, el CGPJ no trató de "responder a nadie en concreto, como se ha pretendido transmitir por parte de los medios de comunicación", sino "salir al paso de ese ambiente de crítica sistemática directa a la propia institución a través de artículos de opinión, entrevistas y manifestaciones".

Bravo explicó que lo que Consejo trató de trasladar a la opinión pública es que necesitan "que el respeto institucional garantice la independencia del Poder Judicial".

Sobre las valoraciones que desde distintos sectores de la sociedad se realizan sobre los procesos que afectan al juez Garzón, Bravo señaló que desde el CGPJ se respetan tanto las valoraciones de apoyo al magistrado como las que expresan conformidad con los procedimientos admitidos a trámite contra él.

"No considero que un procedimiento judicial pueda equipararse a un acto terrorista -dijo Bravo-. Porque esto es ir mucho más allá de lo que debe ser una sana crítica. No compartimos que los procedimientos judiciales puedan ser considerados actos de terrorismo psicológico".

El Poder Judicial dice que respeta la presunción de inocencia de Garzón

Agregó que el Consejo respeta la presunción de inocencia de Garzón y es "absolutamente" respetuoso con la labor de los tribunales, que merecen todo el apoyo de este órgano, "sin perjuicio de que cuando uno de los tribunales dicta una resolución pueda modificarse por la vía de los recursos".

A juicio de Bravo, la actual situación puede ser reconducida, porque cuando el Consejo pide respeto siempre establece como premisa básica el respeto a la libertad de expresión. "No nos queremos convertir en la censura de los medios de comunicación, ni de los ciudadanos ni de nadie", dijo.

No obstante, apuntó que deben establecerse "límites" para no convertir el ejercicio de un derecho fundamental en un ataque directo a las personas que representan a las instituciones o directamente a las instituciones esenciales para el Estado de derecho.

La declaración institucional leída por Bravo durante un acto público celebrado el pasado lunes en Valencia señalaba que, "en relación con las informaciones, comentarios y opiniones que, en los últimos días, vienen produciéndose relativos a determinadas actuaciones judiciales que se siguen en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional" el CGPJ, "desde la más absoluta defensa de la libertad de expresión", exige también "el máximo respeto, nacional e internacional, hacia la independencia y la función jurisdiccional de los jueces y tribunales españoles"

El Consejo reiteraba además "que el desarrollo de la función judicial precisa de un sereno clima para su más adecuado ejercicio", y que éste clima "resulta difícilmente compatible con aquellas manifestaciones que produzcan un inmerecido efecto deslegitimador de la labor de los Jueces en su conjunto, provocando la desconfianza en un Poder básico del Estado".

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