Internacional
REPORTAJE

Las minas antipersona continúan matando e hiriendo a miles de personas cada año

Localizar, desactivar y destruir una mina tiene un coste de unos 800 euros; fabricarla sólo tres

Las minas terrestres y los restos explosivos de guerra continúan matando e hiriendo a miles de personas cada año en todo el planeta. Son armas indiscriminadas, diseñadas para explotar ante la cercanía o contacto con una persona, animal o vehículo. Afectan, como denuncia Naciones Unidas en el Día Internacional para la Concienciación y la Ayuda a la Acción contra las Minas, a las actividades de reconstrucción en las zonas de conflicto, dañan el medio ambiente y dificultan las actividades socioeconómicas y de desarrollo mucho después de la finalización de los litigios. Según las ONG se necesitarían 1.100 años y 30.000 millones de euros para erradicar los 167 millones de minas antipersona esparcidas por todo el mundo.

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El uso de minas antipersona ha disminuido en los últimos 10 años, tanto por parte de los gobiernos como de los grupos insurgentes. Más de tres cuartas partes de los países de todo el mundo han suscrito el Tratado de Prohibición de Minas, pero todavía hay 39 países que todavía no se han unido, entre ellos, Estados Unidos, China, India o Pakistán.

Según el último informe del Monitor de Minas Terrestres, de 2009, las labores de desminado sobre el terreno han aumentado considerablemente. En los últimos diez años se han limpiado más de dos millones de minas de una extensión de 3.200 km2. Aún así, hasta agosto de 2009, más de 70 países o regiones seguían afectados por este tipo de explosivos. El proceso de desminado se lleva a cabo gracias a la ayuda internacional porque es, normalmente, un gasto inasumible para los países afectados. Localizar, desactivar y destruir una mina tiene un coste de unos 800 euros; fabricarla sólo tres.

Descenso

Las actividades de desminado han sido muy efectivas para reducir, y mucho, el número de víctimas. Ha pasado de haber alrededor de 20.000 víctimas anuales a finales de los 90, a unas 5.197 en el período 2008-2009. Desde que se tiene registro de la incidencia de las minas sobre la población civil, el Monitor de Minas Terrestres ha identificado al menos 73.576 víctimas por estos explosivos, en 119 países y zonas.

Colombia y Afganistán son los países que más muertos y heridos registran por las minas antipersona; los dos países juntos suman 1.769 víctimas del total entre 2008 y 2009, lo que representa el 34%. Les siguen Camboya, Laos, Angola, Bosnia e Irak.

Sólo dos Estados han utilizado minas antipersona: Birmania y Rusia. Los grupos insurgentes han utilizado este tipo de explosivos durante el año pasado en al menos siete países.

38 países han dejado de fabricarlas

De los 50 países que fabricaban minas terrestres hace diez años, 38 han dejado de hacerlo. India, Birmania y Pakistán son los tres países que han producido estas minas durante los últimos meses. Aunque existen otros 10 países fabricantes, el Monitor de Minas Terrestres no tiene constancia que hayan elaborado minas antipersona, al menos, durante 2008.

La Comunidad Internacional ha avanzado también en la destrucción de su almacenamiento de minas. Se estima que los gobiernos han acabado alrededor de 44 millones de minas en la última década. Tres países han incumplido con los plazos de destrucción de estos explosivos, son Bielorrusia, Grecia y Turquía. España ha completado la destrucción de sus existencias.

El 20%, niño

Los Estados suspenden en la ayuda a las víctimas. Según el informe, durante el 2008-2009 ha habido una carencia continua de apoyo psicológico así como económico para la reintegración de los supervivientes. La inmensa mayoría de estas víctimas son civiles y un 20% menores de edad.

El Tratado de Prohibición de Minas de 1997 (la Convención de Ottawa) pretende acabar con el sufrimiento y las muertes causadas por las minas antipersona, que matan o mutilan a cientos de personas cada semana, en su mayor parte civiles. El acuerdo de Ottawa junto con las otras actividades relativas a las minas contribuyen a promover la adhesión universal a los instrumentos jurídicos, el Protocolo sobre los Restos Explosivos de Guerra y la Convención sobre Municiones en Racimo, que entrará en vigor el 1 de agosto de 2010.

 
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