El Gobierno se atreve con el despido

El Gobierno ha presentado este lunes a empresarios y sindicatos un nuevo documento que recoge las conversaciones mantenidas por las tres partes en las últimas semanas en materia de reforma laboral, e incluye además algunas propuestas para considerar durante las próximas semanas. El texto es más concreto que el documento con el que se inició esta ronda de negociaciones, el pasado 5 de febrero, aunque algunos aspectos siguen siendo vagos.

El documento comienza anunciando que la atención de los negociadores se centrará a partir de ahora en cinco ejes: combatir la temporalidad, modificar el sistema de bonificaciones a la contratación, ayuda a los jóvenes, reducción de la jornada laboral y apertura de la colocación de los trabajadores a la colaboración público-privada.

Modificaciones en el despido

En lo referido a las actuaciones para reducir la temporalidad es donde el gobierno incluye algunas modificaciones en el despido. Para empezar, plantea que, en los contratos de fomento de la contratación indefinida (los que tienen una indemnización por despido improcedente de 33 días por año trabajado) el coste de despido máximo sea precisamente ése, 33 días.

Hasta ahora, los despidos improcedentes disciplinarios se pagan a 45 días por año, como en el caso de los contratos indefinidos ordinarios; el Gobierno plantea bajar esa cifra a 33 días.

Por otro lado, el Gobierno abre la puerta a reducir el coste del despido colectivo para las empresas. Las condiciones, que se aplique a trabajadores con contrato de 33 días, que los despidos se hagan por causas económicas, y sin que el trabajador pierda indemnización.

El dinero para compensar esa diferencia saldría del Fondo de Garantía Salarial. Según el coordinador del diálogo social del ministerio de Trabajo, Alfonso Morón, se trata de expandir una medida que ya contempla el Estatuto de los Trabajadores para empresas con menos de 25 empleados.

En lo referido a la contratación temporal, el gobierno propone limitar más su uso, aunque no plantea penalizaciones económicas para desincentivar su firma, porque la "coyuntura económica" actual desaconseja este tipo de medidas.

El modelo austríaco

El texto recoge una referencia explícita al llamado "modelo austríaco", un sistema que, a grandes rasgos, consiste en que las empresas destinan recursos a fondos con los que cuenta individualmente cada trabajador, que éste puede usar en caso de despido o como complemento a su pensión cuando se jubile.

El documento del gobierno dice que "el gobierno propone trabajar [...] sobre la adaptación a nuestro país de modelos sobre los sistemas de indemnización por despido que en los últimos años se han adoptado en algunos países europeos, entre ellos el sistema laboral austríaco, que permitan incrementar la estabilidad en el empleo y fomentar una movilidad laboral más sana, así como la formación para el empleo a lo largo de toda la vida laboral".

Preguntado sobre qué aspectos del modelo austríaco podrían traerse a España, Alfonso Morón ha dicho que el gobierno todavía no ha formulado su propuesta en este sentido, que lo hará próximamente, pero que en todo caso no se trataría de trasplantar todo el modelo sino algún elemento.

Bonificaciones a la contratación y ayuda a los jóvenes

El documento del gobierno propone concentrar las nuevas bonificaciones (entre otros colectivos) en los jóvenes de 16 a 30 años con especiales problemas de empleabilidad. También lanzan la idea de bonificar la conversión de contratos para la formación y en prácticas en indefinidos.

El contrato para la formación, especialmente pensado para los jóvenes con menos preparación, podría ver ampliado su uso. El gobierno quiere ampliar la edad máxima de los trabajadores que puedan realizar este tipo de contratos de 21 a 24 años, reconocerles el paro y mejorar su salario, entre otras medidas de apoyo.

Además, el gobierno propone poner en marcha un programa específico de empleo para los jóvenes, sobre todo para los que no tengan títulos educativos y estén entre los 16 y 24 años. El programa debería implicar a los servicios públicos de empleo estatal y autonómicos, y podría incluir, entre otras medidas, periodos de prácticas no laborales en empresas, con becas para los jóvenes y compensaciones económicas para las compañías.

Reacción de los sindicatos

Los únicos agentes sociales que han dado su opinión tras la presentación del texto han sido los sindicatos (los empresarios no lo han valorado). UGT y Comisiones Obreras han dicho que no aceptarán ninguna medida que recorte los derechos de los trabajadores y han pedido más tiempo para afrontar los asuntos más espinosos (que, para ellos, son los referidos a la contratación y al papel que han de jugar las agencias privadas de empleo en la colocación de los trabajadores).

El objetivo del gobierno es alcanzar un acuerdo antes de que termine abril, pero ahora admite la posibilidad de que se retrase algo este plazo si fuera necesario para cerrar el pacto.