El Supremo revisa la causa contra Camps condicionado por su propia doctrina

Madrid

El Supremo estudiará de nuevo si una persona que ejerce un cargo público y recibe dádivas o regalos en consideración a su función está cometiendo un delito de cohecho impropio. Decimos de nuevo porque el Alto Tribunal ya se ha pronunciado sobre esto en una sentencia del año 2008 que condenó por este delito a dos guardias civiles que acudían frecuentemente a una casa de citas sin pagar nada por razón de su cargo.

El Supremo dijo entonces que el cohecho impropio "protege la imagen del Estado de Derecho para preservar la confianza pública en que los funcionarios están sometidos al imperio de la Ley" Y ponía el acento en la función del cargo que recibe el regalo señalando que "si no lo ejerciera, el particular no le hubiera ofrecido la dádiva"

Esta es la sentencia que firmaron cinco magistrados del Supremo. Ahora, cinco de sus compañeros estudiarán si esta doctrina es aplicable al caso del Presidente Camps y del ex secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa, que recibieron regalos de las empresas de la trama Gürtel. Unas empresas que obtuvieron docenas de contratos públicos con la Generalitat Valenciana.

Y no sólo eso, la Sala también deberá pronunciarse sobre si fue ajustada a Derecho la negativa del Tribunal de Justicia de Valencia a investigar la presunta financiación irregular del Partido Popular de Valencia a la que apuntaba un informe policial.