Carlos Fabra, más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados

Castellón

Este viernes se ha celebrado en el juzgado de Nules la vista previa antes de que el titular del juzgado, Jacobo Pin, decida sobre la apertura del juicio con jurado contra el presidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. La acusación popular no imputa al diputado del PP y ex ministro de Agricultura con Aznar, Jesús Posada, porque los supuestos delitos que habría cometido han prescrito

El fiscal Anticorrupción, Luis Pastor, ha pedido que se juzgue a Fabra por supuestos delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y cinco delitos contra la Hacienda Pública. Un informe elaborado por dos peritos de Hacienda sostiene que Fabra defraudó al fisco un millón de euros en cinco años y que en este tiempo incurrió en cinco delitos fiscales. Anticorrupción sólo pide que se impute a Carlos Fabra, a María Amparo Fernández, al empresario que denunció el caso, Vicente Vilar, y a su ex mujer, Montserrat Vives, y la abogacía del Estado se ha adherido a su escrito.

Por su parte, la Unión de Consumidores de España, acusación popular en el proceso, reclama la imputación de Carlos Fabra por cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, blanqueo de capitales y delitos fiscales. También pide que se impute a otras 18 personas.

La UCE no imputa al ex ministro Jesús Posada porque los delitos han prescrito

Además, la acusación popular asegura que el actual diputado del Partido Popular y ex ministro de Agricultura Jesús Posada, habría participado en supuestos delitos de prevaricación, contra la salud pública y el medio ambiente, pero no le imputa al entender que su caso habría prescrito. En 1999, cuando era el titular de Agricultura, Jesús Posada recibió a Carlos Fabra en la sede del Ministerio en Madrid. En su declaración ante el juzgado, Posada admitió que Fabra se interesó en aquella reunión por los fitosanitarios que fabricaba el empresario que acabaría denunciando a Fabra, Vicente Vilar, y en concreto por su producto estrella, el ABAC, que no recibía los permisos necesarios del Ministerio. Poco después, este producto fue autorizado por Posada y comercializado a través de la empresa Artemis 2000, a nombre de las esposas de Fabra y Vilar. La acusación popular sostiene que "el Ministro Posada sin duda había dado las órdenes oportunas para resolver las demandas de D. Carlos Fabra". Añade que Posada, en contra del criterio de sus propios técnicos "autorizó este producto que contenía impurezas no declaradas con el consiguiente atentado a la salud pública y al medio ambiente".

Carlos Fabra y otros 18 imputados

Entre las dieciocho personas cuya imputación reclama la acusación popular se encuentran tres ex directores generales de los ministerios de Aznar: Rafael Milán, Rubén Moreno, y Dolores Flores; una ex directora general de la Generalitat valenciana, Pilar Máñez, el ex senador por Castellón, Miguel Prim, el empresario de Castellón que pagó un préstamo a Fabra, Antonio Bonet; y siete directores de sucursales bancarias en las que Carlos Fabra tenía sus numerosas cuentas.

Por su parte la defensa de Carlos Fabra y de María Amparo Fernández ha pedido la realización de nuevas diligencias de instrucción y el sobreseimiento de la causa, al igual que lo han hecho el resto de defensas respecto a los demás imputados, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Está previsto que en unos días el titular del juzgado número 1 de Nules se pronuncie sobre la apertura de juicio con jurado, u ordene el sobreseimiento de la causa como pide la defensa de Fabra.