
Dos años de investigación sobre la tragedia de Spanair en el aeropuerto de Barajas
Tras 24 meses, Aviación Civil aún no ha concluido su informe
Dos años después del accidente del vuelo JK-5022 de Spanair, la investigación sigue abierta y acumula ya más de 11.300 folios. Los familiares piden conocer las causas del siniestro, y el juez mantiene imputados a dos técnicos de mantenimiento de Spanair, acusados de 154 delitos de homicidio imprudente
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La investigación de las causas del accidente de Spanair se prolonga ya dos años. La instrucción se abrió el mismo día del accidente, el 20 de agosto de 2008, a cargo del juez de guardia del Juzgado número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez. En estos 24 meses, la investigación judicial suma más de 46 tomos y aún queda por conocer el informe de la Comisión de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, previsto para diciembre, y el encargado por un juez a un órgano compuesto por dos pilotos, dos técnicos y dos ingenieros aeronáuticos, para el cual no hay fecha.
El juez mantiene imputados a dos técnicos de mantenimiento de Spanair, acusados de 154 delitos de homicidio imprudente, además de 18 por lesiones imprudentes. Los afectados y familiares de las víctimas piden que se esclarezca qué ocurrió para que el avión se estrellara en la pista y poder así determinar las responsabilidades por el accidente. Por su parte, los pilotos han criticado la lentitud de la Comisión de Investigación de Accidentes. El SEPLA, el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, ha lamentado, mediante un comunicado, que dos años después del siniestro no exista un informe final y esperan que el que se conocerá previsiblemente en diciembre contenga un "diagnóstico profundo y minucioso" sobre las causas.
No a la serie de televisión
La Asociación de Afectados del vuelo JK5022 se opone a la emisión de una serie de televisión sobre el suceso, realizada por Telecinco. La cadena ha pospuesto su emisión hasta octubre, tras las peticiones de que no coincidiera con el aniversario del siniestro. La Asociación pide que no se emita hasta que no haya una sentencia firme y evitar así que puedan realizarse juicios paralelos, ya que aún no se han determinado las responsabilidades.
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