Chinos, principales clientes de la red que daba títulos de formación por dinero

Los destinatarios de los títulos fraudulentos eran ciudadanos chinos que trabajaban en restaurantes de su nacionalidad; aunque, según han podido comprobar la Guardia Civil, muchos de los beneficiados ni siquiera sabían español.

La investigación ha detectado que numerosas certificaciones para obtener el carné de manipulador de alimentos expedidas por el Sindicato Independiente de Trabajadores fueron a parar a ciudadanos chinos que requerían este trámite para trabajar en restaurantes de su nacionalidad. Los agentes han comprobado que muchos de ellos obtuvieron este título sin ni siquiera saber español y mucho menos leerlo ni escribirlo.

La operación ha generado un alud de reacciones. La más llamativa, la de la Consejería de Salud que anunció el miércoles por la tarde que estudiará las bolsas de empleo afectadas por estos títulos fraudulentos, lo que puede acabar en sanciones y revocaciones. La validez de decenas de miles de títulos está en el aire.

Los títulos académicos ilegales los vendía un sindicato de pequeñas dimensiones, el Sindicato Independiente de Trabajadores, con sede en Cádiz, con la ayuda de una empresa pública canaria y una consultora extremeña. Entre esos títulos se repartieron numerosos carnés de manipulador de alimentos que recibieron ciudadanos chinos para trabajar en restaurantes de su nacionalidad aunque, según han podido comprobar los agentes, muchos de los beneficiados ni siquiera sabían español.

Ahora se abre la incógnita sobre la validez de esos títulos para trabajar en el sector hostelero. La operación de la Guardia Civil, que el miércoles les adelantaba la SER, ha dejado todo un alud de reacciones en las últimas horas.

La estafa ha afectado sobre todo a demandantes de empleo en Andalucía, especialmente en las bolsas de demandantes de trabajo del SAS, el Servicio Andaluz de Salud que anunciaba la apertura de un expediente informativo que podría determinar sanciones y la revocación de la acreditación que se han concedido a algunas de las actividades ofertadas por el sindicato fraudulento. La administración sanitaria dice quedar a la espera del auto judicial que deberá determinar si los títulos obtenidos por éste método deben quedar sin validez legal.

Miles de afectados

EL SIT expidió decenas de miles de títulos, cuya legalidad está ahora en el aire. Eso ha llenado de incertidumbre a los que pagaron por obtenerlos y consiguieron puestos de trabajo en la administración pública o en empresas privadas. Puestos que podrían ser impugnados si los perjudicados en esa selección de personal se deciden a impugnar esas convocatorias, según advertía el sindicato Comisiones Obreras.

Hay miles de afectados, que se mueven entre la incertidumbre de la legalidad de los títulos que ya tienen, y la desesperación de los que pagaron recientemente pero no llegaron a recibir los diplomas y ahora la investigación ha parado la actividad del sindicato. Se están agrupando para presentar una demanda conjunta y exigir su título o la devolución del dinero.

El comandante de la policía judicial, Luis Martín, decía este miércoles que la operación no va contra ningún sindicato porque el SIT en realidad no era tal sino una tapadera, ni tampoco contra ningún partido, aunque entre los imputados, haya cargos del PP; las dos mujeres que dirigieron en los últimos años la escuela canaria. Con todo, donde más revuelo político se ha formado ha sido en Canarias. Allí su consejería de Sanidad también ha anunciado una investigación, el PP se ha arremolinado en defensa de sus dos imputadas. Una de ellas, Inmaculada Acosta, defendía su inocencia en la SER, "no tengo nada que ver con la trama, soy inocente".