Las acusaciones recurrirán la decisión de la Audiencia de Castellón de dar carpetazo al 'caso Fabra'
Anticorrupción y la Unión de Consumidores formalizarán sus recursos de casación ante el Supremo en los próximos días
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Carlos Fabra y Francisco Camps durante el acto de regreso del presidente de Castellón / EFEEFE
Castellón
La Fiscalía Anticorrupción presentará recurso de casación en los próximos días contra la decisión de la Audiencia de Castellón de reducir el caso Fabra a dos delitos, según han confirmado a la Cadena SER fuentes del Ministerio Público. También presentará recurso la otra acusación, la unión de consumidores.
La Audiencia de Castellón atribuye a Fabra sólo un delito de fraude fiscal presuntamente cometido en 1999 y otro de tráfico de influencias. Los magistrados archivan otros cuatro delitos fiscales y dudan, aunque no llevan al fallo, que Carlos Fabra haya cometido un delito de cohecho.
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Sobre el delito de cohecho, el auto subraya que "en ningún momento se indica que la actuación realizada por el presidente de la Diputación de Castellón fuera en funciones propias de su cargo". Esa actuación a la que se refieren los magistrados consistió en mediar ante los gobiernos de Aznar para conseguir la autorización de productos fitosanitarios para una empresa que, según denunció su propietario, entregó a Fabra importantes cantidades de dinero.
La Audiencia de Castellón argumenta que "ninguna de las iniciativas que se imputan a Carlos Fabra en forma de interesarse o mediar ante autoridades de las Cortes Generales o del ministerio de agricultura para autorizar productos fitosanitarios a cambio de dinero se pueden enmarcar en las actividades de presidente de la Diputación de Castellón". Por eso no comparten que haya podido cometer un delito de cohecho.
Los magistrados, además, descalifican al empresario que denunció a Fabra. Dicen que su testimonio es "inverosímil en función de los móviles espurios que le animan"
Archivados cuatro delitos fiscales
La Audiencia de Castellón archiva por considerarlos prescritos cuatro delitos fiscales presuntamente cometidos por Fabra entre los años 2000 y 2003. El razonamiento es que no se presentó una denuncia ni se amplió la que ya existía contra el presidente de la diputación de Castellón por un presunto delito fiscal cometido en 1999.
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