Un incendio esclarecido por el ADN en un porro

La Audiencia Nacional juzgará a partir del miércoles a Laín Blanco por quemar presuntamente, junto a otros, un autobús en San Sebastián el 29 de septiembre de 2008, un ataque por el que el fiscal le pide tres años de prisión y que aparentemente se esclareció al ser extraído su ADN de la colilla de un "porro".

En el escrito de acusación, el fiscal subraya las pruebas que evidencian su participación en los hechos y entre ellas cita las muestras de ADN del joven halladas en un guante de látex en las inmediaciones del incendio.

Unas muestras que fueron comparadas con otras recogidas de una colilla de "porro" que el acusado arrojó al suelo un año después y que fue recogida por la Ertzaintza y con la de la saliva que le fue extraída el 14 de mayo de 2010 en sede judicial, donde compareció tras ser detenido tres días antes.

El juez decretó su libertad bajo fianza de diez mil euros y la prohibición de que abandonara el territorio nacional.

Blanco había sido detenido en una operación de la Ertzaintza y la Guardia Civil el 11 de mayo en Ituren (Navarra), acusado de ser uno de los presuntos autores del incendio del autobús en San Sebastián en 2008.

El incendio se produjo sobre las nueve de la noche del 29 de septiembre, cuando cuatro jóvenes encapuchados, que se hallaban escondidos tras unas zarzas en la zona de Lau-Haizeta, en San Sebastián, obligaron a un autobús de la compañía Tranvía a detener la marcha.

Los jóvenes subieron al autobús y tras desalojar a los usuarios que viajaban en el mismo, cinco o seis personas, rociaron su interior con un líquido inflamable que luego prendieron.

El autobús, según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, quedó totalmente calcinado.

Esta acción de violencia callejera fue reivindicada en la web del periódico Gara el 18 de octubre de 2008: un comunicante anónimo asumió la autoría del ataque contra el autobús y dijo que era "consecuencia del estado de excepción que está viviendo Euskal Herría".

Para el fiscal, los hechos constituyen un delito terrorista de daños causados mediante incendio y por ellos pide para el acusado tres años de prisión, además de que indemnice al Consorcio de Compensación de Seguros con más de 67.000 euros por los daños ocasionados