Lunes, 10 de Agosto de 2020

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El transporte marítimo, ¿público o privado?

El transporte marítimo, ¿público o privado?

La ubicación geográfica de Ceuta, a 14 kilómetros de la península, la hace absolutamente dependiente del transporte marítimo, ya que la práctica totalidad del tráfico de pasajeros y mercancías se hace por vía marítima. Montar en ferry es para el habitante de esta ciudad norteafricana algo tan común como puede serlo el metro para el madrileño. Con una diferencia sustancial: su precio.

Recorrer los 14 kilómetros que separan Punta Europa (en la península) y Punta Almina (en Ceuta), cuesta 35 euros por trayecto, euro arriba o abajo según se viaje con una u otra naviera (ha habido ya sentencias contra estas compañías por concertar precios), un precio que el Estado subvenciona al cincuenta por ciento a los residentes en la ciudad. Pese a todo, el importe se hace prohibitivo, porque esta línea es utilizada varias veces al mes por el ceutí medio, que acuda a la península por razones de trabajo, visitas medicas, ocio y compras. Eso si, hay colectivos como los militares, cualquiera que sea su graduación y salario (frecuentemente muy por encima de la media del sector privado) que disfrutan de billetes a precio simbólico (en algunos casos pagan un euro por lo que los demás ciudadanos pagan 35), con cargo a subvenciones del Gobierno.

Con este panorama, el modelo de transporte marítimo que queremos es un elemento de controversia que se ha colado en la campaña, con la propuesta de la coalición Caballas de crear una naviera de titularidad publica. Llama la atención esta idea, en unos tiempos en los que la doctrina dominante es la de reducir la estructura de las administraciones publicas, ya de por si cargadas de obligaciones para prestar los servicios en materias tan esenciales como limpieza o alumbrado publico.

Pero no es solo el transporte marítimo donde se pone el acento en las propuestas municipalizadoras de esta coalición, ya que también proponen hacer lo mismo con la limpieza y otros servicios que ahora se llevan a cabo en régimen de concesión administrativa.

Volviendo al transporte marítimo, hay que tener en cuenta que un ferry de los que hacen ahora mismo el servicio tiene un coste aproximado de 50 millones de euros, cuyas amortizaciones habría que sumar a unos salarios, que al estar sometidos a los convenios del sector publico estarían muy por encima de los que ahora perciben los trabajadores de estas líneas. A ello se suma el creciente precio del combustible y el hecho de que en los últimos ejercicios las navieras que operan en la línea están arrojando resultados de explotación negativos en la misma, por la caída del trafico por la combinación de dos factores: la crisis y la competencia del nuevo puerto marroquí de Tanger Med.

Hasta tal punto es así que por primera vez la compañía que tiene mayor cuota de mercado en el Estrecho, Acciona, no ha concurrido al concurso para la adjudicación por parte del estado del contrato de interés publico, que cuenta con subvenciones estatales de varias decenas de millones de euros a cambio de garantizar el servicio esencial (un numero mínimo de rotaciones diarias, haciendo pernoctar un barco en la ciudad, algo que hace años no existía). Su principal competidor, el único que se ha presentado al concurso, Balearia, no cumple en principio los requisitos del mismo, pero el ministerio de Fomento ha anunciado modificaciones en las condiciones, tratando de evitar que quede desierto.

Por tanto, el transporte marítimo ha irrumpido en campaña con esta propuesta, que tiene pocos visos de convertirse en real, por las perspectivas electorales de la fuerza política proponente, abocada a ser oposición si se cumplen las encuestas que vaticinan una mayoría aplastante para el PP. Es mas, llegado el caso, habría que ver si se puede acometer, por el importante desembolso que conllevaría, y los problemas de competencia que se podrían plantear, si se diera paso a un operador publico que tenga ventajas sobre las empresas privadas que ahora prestan el servicio.

Uno de los argumentos de quienes proponen la creación de la naviera municipal es que se podrían abaratar los precios del billete. Pero claro, de ser así, el resto de los costes tendrían que asumirlos los ciudadanos en forma de impuestos.

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