Contra el embalse de Biscarrués

Madrid

"Biscarrués se ha convertido en un símbolo. El del fin de una época de políticas hidráulicas de locura. Por eso estamos aquí". Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, asegura que el proyecto de Biscarrués "es un caso de libro" porque incumple la Directiva de Hábitats, la del Marco del Agua, la de Impacto Ambiental, la de Aves... "Si colara esto, colaría cualquier cosa", dice.

Lo mismo opinan SEO/Birdlife, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra y Fundación Nueva Cultura del Agua. Todos defienden que el proyecto del embalse de Biscarrués, en el Pirineo oscense, no debe llevarse a cabo porque, entre otras razones, atenta contra la economía local, afecta a zonas protegidas y pone en riesgo varias especies animales.

Pero temen que el informe de impacto ambiental que debe publicarse en breve resulte favorable a la construcción de la presa, y fundamentan sus sospechas en las declaraciones realizadas hasta ahora por la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, y también por la capacidad de presión de los regantes.

Esta mañana, en rueda de prensa conjunta, han presentado varios informes que hablan de impactos "severos o críticos" sobre espacios protegidos. Aseguran que hay alternativas más respetuosas con el medio ambiente, y también más baratas. Pero van más allá. Como el presupuesto de la obra asciende a 177 millones de euros, según las ONG, si al final se construye la presa, Luis González, de Ecologistas en Acción, cree que el embalse se convertiría en el aeropuerto sin aviones de la política hidrográfica. "Tenemos autopistas que se construyen donde no hay suficientes coches, aeropuertos que se construyen donde no hay suficientes pasajeros y embalses que no sirven para nada. El de Biscarrués se va a convertir en un aeropuerto de Ciudad Real, pero en emblase".

Las organizaciones ecologistas mantienen también que, de construirse, el décimonoveno embalse del río Gállego serviría para fomentar el cultivo de regadío en el desierto de los Monegros. Una posibilidad que lleva a lleva a los ecologistas a cargar las tintas contra la ministra Rosa Aguilar. "Inició su camino diciendo que iba a pintar de verde el Ministerio pero aún no ha ido a comprar ni la pintura", dice María José Caballero, de Greenpeace.

A la espera del informe del Ministerio de Medio Ambiente, las ONG amenzan con recurrir a instancias europeas para paralizar la obra, como ya ha pasado en otros casos.