El fiscal no sólo dirige la investigación, sino que también es el director de comunicación del proceso penal. Esta propuesta, que quiere aprobar el Gobierno en Consejo de Ministros y que después tiene que ser refrendada por los grupos parlamentarios, incluye una regulación muy similar a la que planteó el Consejo del Poder Judicial al Congreso y que afecta a los medios de comunicación.

El Ministerio Público será el encargado de seleccionar las informaciones que pueden ser transmitidas a la ciudadanía. Los órganos gubernativos y policiales no estarán autorizados a facilitar información, salvo que haya autorización del fiscal. Los medios de comunicación tienen prohibido difundir o divulgar el contenido de las grabaciones intervenidas por orden judicial. Además, se regulan las medidas del secuestro de publicaciones, de prohibición de utilización de los medios de difusión y el cierre de páginas web.