¿Qué está en juego en el Consejo de Política Fiscal y Financiera?

La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles será sobre todo un alarde de poder autonómico por parte del PP. Es la primera reunión de este organismo que se celebra desde las elecciones del 22 de mayo y, tras el vuelco electoral, los socialistas se han quedado en minoría: sólo gobiernan en Andalucía.

A primera vista parece una situación de clara desventaja para los socialistas, pero en la práctica no lo es tanto. La ley reserva la mitad de los votos para el Gobierno central, así que con garantizarse el apoyo de una sola comunidad, el Ejecutivo puede imponer su criterio. Andalucía ya ha anunciado, de hecho, que dará un "sí" crítico.

Por otro lado, si las comunidades gobernadas por el PP deciden rebelarse contra el objetivo de déficit fijado para ellas este año, que es del 1,3%, el Gobierno sigue teniendo la sartén por el mango, porque, por un lado, es el Ministerio de Economía el que autoriza las emisiones de deuda de las comunidades con déficit excesivo; y por otro lado, si en última instancia España no logra cumplir sus compromisos y es multada por Bruselas, el Gobierno puede pasar la factura a la comunidad rebelde. De todos modos, puesto que este Consejo es un pulso político, el PP lo aprovechará como plataforma para responsabilizar al PSOE de los recortes que se van a ver obligados a aplicar para cumplir con el objetivo de déficit.

¿Qué ha pedido el PP y qué ha respondido el Gobierno?

Las comunidades reciben dinero del Estado en función de lo que se prevé recaudar cada año, es decir, que cobran por adelantado. En los años de bonanza, cuando se hacía la liquidación, las autonomías recibían un extra por los ingresos tributarios adicionales que había recaudado el Estado. Con la crisis, la situación se invirtió y, ahora, las comunidades deben devolver al Gobierno central el dinero cobrado de más. En 2008, esa cantidad fue de 5.500 millones. Según ha hecho público el Ministerio de Economía, en 2009 esa cantidad, que se suma a la de 2008, fue de casi 19.000 millones. Ese es el dinero que Rajoy pide que se pueda devolver en un plazo mayor que el acordado por todas las comunidades, que es de 5 años. La respuesta del Gobierno la ha adelantado el Secretario de Estado de Hacienda, Juan Manuel López Carbajo: "Es un acuerdo muy generoso, no hay razón para adelantarlo". Las dos comunidades que más tienen que pagar por lo adelantado a cuenta de la recaudación de 2009 son Andalucía, 4.600 millones, y Cataluña, casi 2.500.

¿Cómo afecta a los ciudadanos?

Se trata de que las comunidades tienen que gastar menos o ingresar más. Es decir, recortar servicios como la sanidad o la educación, que son los capítulos que más cuestan, o subir impuestos. López Carbajo ha recordado que, con el nuevo sistema de financiación autonómica, las regiones tienen más capacidad de decidir en materia fiscal. Así que, si las comunidades se aplican a lo de cumplir con la reducción del déficit, las consecuencias acabarán afectando, en última instancia, a los ciudadanos.

¿Y si las CCAA se niegan a cumplir con el déficit?

Si en la reunión de esta tarde, las comunidades del PP le organizan un plante al Gobierno y se niegan a cumplir el objetivo de déficit para este año, que es del 1,3% en el caso de las autonomías, el Ejecutivo tiene todavía margen de maniobra para meter en cintura a las comunidades rebeldes.

Uno de los instrumentos que tiene para controlar el endeudamiento de las regiones que hayan superado los límites de endeudamiento son los llamados planes de reequilibrio, que los gobiernos autonómicos tiene que elaborar para reconducir sus cuentas. Esos planes deben recibir el visto bueno del Ministerio de Economía y sin esa luz verde, las comunidades incumplidoras no pueden emitir deuda. De hecho, hoy el Consejo de Política Fiscal examinará los planes de reequilibrio de seis regiones. Previsiblemente, se aprobarán los de Extremadura, Andalucía y Baleares, y se rechazarán los de Castilla La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana.

Además, el Gobierno central tiene otro as en la manga, que introdujo en los presupuestos para 2011: se reserva el derecho de vetar todos aquellos convenios con las comunidades que hayan sobrepasado los objetivos de déficit en los años 2009, 2010 o 2011. Pero también puede vetarlos, y esto es importante, en el caso de las regiones que tengan previsto desviarse de esos objetivos. Por otro lado, en última instancia, si el incumplimiento de alguna autonomía condujese a que España sobrepasase el límite déficit para este año y Bruselas le multase, el Gobierno podría reclamar la multa a la comunidad de turno.