
Marlaska archiva la causa contra la cúpula militar de Trillo por contratar el Yak-42
En el accidente ocurrido en Trebisonda el 26 de Mayo de 2003 fallecieron 62 militares
El juez de la Audiencia nacional Fernando Grande Marlaska ha archivado la investigación abierta por la contratación del avión en la que había seis militares españoles imputados por un delito de homicidio por imprudencia grave.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska ha archivado la investigación abierta por la contratación del avión en la que había seis militares españoles imputados por un delito de homicidio por imprudencia grave.
En contra del criterio del fiscal, el magistrado decreta el sobreseimiento de la causa penal contra los jefes del EMAD ( Estado mayor de la defensa) almirante general Antonio Moreno Barbera y del Emacon (estado mayor conjunto) Juan Luis Ibarreta, y otros cuatro implicados del Grupo de control del contrato y representantes de la empresa NAMSA (agencia de la OTAN a la que se encarga la contratación de los vuelos). Todos ellos encargados de las gestiones de contratación de la aeronave durante el paso por el ministerio de defensa de Federico Trillo.
Según el juez no existe responsabilidad en la actuación y proceder de los militares porque no podían prever que las deficiencias del avión provocaran el accidente. "no se puede exigir una acción concreta omitida, intencional o imprudente, relacionada con el vuelo en si mismo o de carácter colateral".
La culpa fue de la falta de preparación de los tripulantes de la aeronave
La Fiscalía había informado a favor de continuar con la investigación porque las autoridades militares españolas "deberían haber previsto que algo podría suceder teniendo en cuenta las denuncias reiteradas de los militares que utilizaban esos aviones de fabricación rusa".
La decisión de Marlaska no es firme y cabe plantear recurso ante la sala de lo penal
Esta era la última parte de la investigación sobre este accidente que tramitaba la Audiencia Nacional por el que fueron condenados tres militares españoles por la irregular identificación de los cadáveres. El general Navarro y dos oficiales médicos fueron condenados a tres y un año de cárcel respectivamente.
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