Interior cambia los criterios para otorgar escoltas a los cargos públicos

La protección contra ETA ya no es una prioridad de Interior. Lo recoge una instrucción a la que ha tenido acceso la SER que el Secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, envió el pasado 30 de marzo a los Directores de la Policía y de la Guardia Civil, a los Delegados del gobierno y al Director del Gabinete de Coordinación y estudios. Según esta circular " la progresiva disminución de la capacidad operativa de ETA lleva aparejada la disminución de la amenaza que se cierne sobre muchas personas". Interior aboga por establecer un nuevo marco regulador que optimice el servicio de escoltas y crea la Comisión de Coordinación de los Servicios de Protección para que coordine esta asignación.

La Secretaria de Estado de Seguridad dice que "es necesario establecer un nuevo marco regulador para la prestación de los servicios de protección que optimice la utilización de los recursos públicos y proporcione este servicio a quien realmente lo requiera". La Secretaria de Estado de Seguridad añade que además "hay que minimizar el catálogo de autoridades que deben contar con servicio de protección por razón exclusiva del cargo que ocupan".Según esta circular para Interior ya no es una prioridad la protección contra ETA."

La progresiva disminución de la capacidad operativa de ETA lleva aparejada la disminución de la amenaza que se cierne sobre muchas personas" dice el Secretario de Estado de Seguridad. Además, continua Ignacio Ulloa "es preciso optimizar los recursos destinados a estos servicios y recuperar gran parte de los efectivos policiales dedicados a protecciones para otros cometidos".El Ministerio de Interior aboga por la creación de una Comisión de Coordinación de los Servicios de Protección.

Esta comisión dependería de la Secretaria de Estado de Seguridad y entre sus funciones está la de "establecer criterios homogéneos de actuación y coordinarse con los departamentos de seguridad de las diferentes instituciones". Es decir a esta Comisión creada "ad hoc" le toca elaborar "el catálogo de cargos públicos que deben de contar con servicio de protección, los criterios de temporalidad para retirar dicho servicio cuando no se necesite, y la evaluación individualizada del nivel de riesgo del ex-cargo público para determinar si necesita protección por circunstancias personales.

En este estudio individualizado participarán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que serán quienes decidan en primera instancia "el tipo y la modalidad de protección y los medios humanos y materiales a emplear". La Comisión tiene que elaborar además unas normas generales para el buen uso del servicio y podrá retirar la protección a aquellas personas que de forma reiterada no cumplan con las reglas básicas y pautas de conducta previamente establecidas.

Esta comisión de Coordinación que se va a crear se va a reunir dos veces al año en sesión ordinaria y en sesión extraordinaria cuantas veces se considere necesario. Su presidente va a ser el Director del Gabinete de Coordinación de la Secretaria de Estado y sus vocales: el Comisario de Seguridad Ciudadana de la Policía y el jefe del Estado Mayor de la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil.

Asignación de servicios de protección en circunstancias especiales

Según recoge esta circular de la Secretaría de Estado de Seguridad el Director General de la Policía, el de la Guardia Civil, los Delegados y Subdelegados podrán proponer a la Comisión la asignación de medidas de protección a determinadas personas que presenten especiales circunstancias de riesgo. Esta propuesta puede ser por iniciativa de los Directores Generales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Delegados del Gobierno o a instancia de los interesados.