Jueves, 01 de Diciembre de 2022

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El Gobierno aumentará la vigilancia sobre la prestación por desempleo

El esquema sobre el plan de lucha contra el fraude laboral, que el Ejecutivo aprobará de forma inminente, contempla más controles a los perceptores. Los sindicatos rechazan que la iniciativa se centre en los parados, y piden más control a los empresarios

El Gobierno había anunciado un plan para controlar el fraude en el ámbito laboral y en el de la Seguridad Social, y está ya a punto de aprobarlo. Fuentes conocedoras del texto aseguran que la intención del Ejecutivo es llevarlo al Consejo de Ministros de este viernes, o si no, al siguiente. De momento, a los agentes sociales les han hecho llegar un esquema según el cual se pondrá el control en la prestación por desempleo.

El esquema del plan del Gobierno, al que ha tenido acceso esta redacción, da pocos detalles, pero deja entrever las intenciones del Ejecutivo. Es un documento de tres páginas que comienza detallando los cuatro objetivos del proyecto. Dos de ellos tienen que ver con las prestaciones por desempleo: atajar la "compatibilización indebida de prestaciones con el trabajo, especalmente en el caso de la prestación por desempleo", y combatir el "acceso indebido a la prestación por desempleo".

Los otros dos objetivos son atajar "incumplimientos empresariales de sus obligaciones básicas en relación con el alta y cotización de trabajadores" y "supuestos de utilización de trabajadores extranjeros sin el correspondiente permiso de trabajo".

Más controles en las oficinas de empleo

En cuanto a las medidas que contempla el plan, sólo están perfiladas en el texto. Entre ellas, destaca una mayor vigilancia de los parados con prestación, "con reforzamiento del control de presencia ante las oficinas de empleo y cumplimiento de los compromisos de actividad de los beneficiarios de prestaciones". Es decir, medidas para asegurarse de que el parado que cobra prestación no está desempeñando ningún trabajo, y que está a disposición de los servicios de empleo para los cursos que le ofrezcan o los itinerarios que le diseñen.

Además, proponen cambiar las normas que sean "necesarias para garantizar la mayor eficacia de la actividad inspectora". Entre las posibles normas a cambiar, se cita expresamente el "régimen sancionador penal y administrativo", lo que lleva a pensar en un aumento de las sanciones establecidas para los defraudadores en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. A grandes rasgos, éstas contemplan multas (de cuantía variable) para los empresarios y retirada de la prestación (durante un tiempo o completamente) para los trabajadores que defrauden.

Entre otras de las medidas que se bosquejan en el esquema, hay también "campañas de concienciación social" puesta en marcha de un "plan de choque" y la incorporación inmediata de 55 inspectores y subinspectores con dedicación prioritaria a la lucha contra el fraude.

Por lo demás, no parece que el Gobierno vaya a dedicar muchos más recursos nuevos a la lucha contra el fraude en el ámbito laboral o en la Seguridad Social. Dice el esquema del plan que el "criterio de eficacia" será el que "marque y presida las líneas de actuación" para que se haga una utilización más racional de los "recursos disponibles".

Valoración de los sindicatos

UGT y Comisiones Obreras han hecho pública una nota con sus Observaciones a este texto que les ha hecho llegar el Gobierno. Dicen los sindicatos que el plan se centra demasiado en los perceptores de paro, y poco en las prácticas fraudulentas que se dan en las empresas. Después de subrayar que sus organizaciones están de acuerdo en la lucha contra todo tipo de fraude, añaden que "resaltar dentro del Plan Integral el fraude en el cobro de las prestaciones no es justo y puede llegar a la ciudadanía el sentimiento de que detrás de cada perceptor de prestaciones se esconde un posible defraudador", aseguran.

Por contra, creen que habría que poner el foco sobre las malas prácticas en las empresas: dicen que el plan "pasa por alto el fraude empresarial si exceptuamos el caso del alta en la Seguridad Social", y que se debería abordar además "el control de las condiciones de trabajo, de la precarización del empleo y de las formas más graves que adopta la economía sumergida". "El Plan debe de hacer especial incidencia en aquellos casos en que efectivamente se ha comprobado la existencia de fraude, y no en poner medidas excepcionales y desmesuradas de control sobre los perceptores de prestaciones por desempleo por el mero hecho de serlo", concluyen.

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