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Sábado, 16 de Noviembre de 2019

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Jueces y Fiscales progresistas cargan contra las políticas del Gobierno

JpD y la UPF alertan del paso del Estado Social al Estado Penal

Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han emitido un comunicado conjunto para rechazar las reformas del Gobierno en materia penal y laboral. Ambas asociaciones sostienen que la reforma del código penal vulnera derechos fundamentales y que la "contrarreforma laboral" degrada las bases de la relación laboral.

Las asociaciones progresistas de jueces y fiscales plantan cara a las reformas legislativas del Gobierno de Mariano Rajoy. Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han emitido un comunicado conjunto para denunciar que, de seguir adelante estos proyectos, pasaremos "del Estado Social al Estado Penal".

Ambos colectivos subrayan que la reforma del código penal en materia de orden público "pretende criminalizar el ejercicio de derechos fundamentales para explicitar el desacuerdo político, como los derechos de manifestación y de reunión". Además, en el ámbito de la Unión Europea se da la "paradoja española" porque contamos con la menor tasa de delincuencia y, sin embargo, con la mayor tasa de reclusos, lo que "contradice la falsa idea del Gobierno de que el índice de delitos ha aumentado para justificar un innecesario incremento de penas".

Sobre la "contrarreforma laboral" señalan que "degrada las bases de la relación laboral". JpD y UPF también reflexionan sobre otros asuntos. Las tasas judiciales dicen que conseguirán mermar "el derecho a la tutela judicial efectiva, sentando las bases de una justicia reservada para aquéllos que puedan pagársela". En cuanto a los Centros de Internamiento de Extranjeros, explican que se han convertido en "reductos de control de la población extranjera que carece de autorización administrativa para residir en España".

Por último, critican la decisión de no ofertar nuevas plazas de Jueces y Fiscales, al tiempo que se ofertan nuevas plazas de policías, lo que, "como colofón evidencia las prioridades del Ejecutivo, anteponiendo el control policial a la defensa de las garantías de la ciudadanía".

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