Viernes, 20 de Mayo de 2022

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El Gobierno obliga a los bancos a un fuerte saneamiento de su crédito inmobiliario

La banca pagará al Estado un 10% de interés si pide ayudas para sanearse.- El Ejecutivo cifra en 30.000 millones el impacto de los nuevos saneamientos y encargará valoraciones independientes de los activos de la banca española

Guindos: "Nuestro objetivo es la transparencia absoluta" / Luis de Guindos ha explicado este viernes la nueva reforma financiera que ha aprobado el Consejo de Ministros. El gobierno endurece con esas medidas las provisiones de la banca. A partir de ahora, las entidades están obligadas a separar sus activos inmobiliarios del resto del negocio. El objetivo de las reformas, según Guindos, es "la transparencia absoluta":  "Es fundamental para acabar con las dudas sobre la solvencia, porque creemos que en muchas ocasiones la percepción de la realidad es peor que la realidad", ha explicado el ministro.  / ATLAS ESPAÑA

El Gobierno obligará a la banca a separar sus activos vinculados al ''ladrillo'' en sociedades independientes, según el ministro de Economía, Luis de Guindos. Estos activos se trasladarán a un precio de valor contable menos las provisiones acumuladas por las entidades para cumplir con las exigencias establecidas en el real decreto de febrero y el aprobado este viernes.

El día decisivo (Videoblog 'La voz de Iñaki') / Parece que el Consejo de Ministros de este viernes es el Consejo decisivo en cual se va a ofrecer la salida a la dramática situación de nuestro sistema financiero. Para ver y comentar otros vídeos de Iñaki visita su videoblog / CADENA SER

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El Gobierno ha obligado a los bancos a destinar 30.000 millones más para cubrir, para provisionar, los créditos que hasta ahora se devuelven sin problemas. En el segundo decreto-ley de reforma financiera de este Gobierno, se determina que los préstamos concedidos al sector inmobiliario y que se devuelven con normalidad deberán tener unas provisiones que supongan el 30% de los mismos. De ahí sale esa cifra que tendrán que poner las entidades. Esos 30.000 millones se suman a los 54.000 millones que debieron destinar los bancos a provisiones en la anterior reforma del PP aprobada en febrero.

Esto significará que los bancos deberán tener más capital. Las entidades que tengan problemas para ello podrán solicitar ayudas del Estado. Las concederá el FROB, el fondo creado hace dos años pasa salvar bancos. La ayuda pública se concederá mediante préstamos por los que se pagará en torno al 10%. O llegado el caso, con la compra de acciones del banco por el propio FROB. Esto es, por la entrada del Estado tomando una participación en la entidad convirtiéndose en propietario.

Al mismo tiempo, esta reforma obliga a los bancos a constituir unas sociedades a las que deben transferir todas las viviendas, promociones sin acabar o suelo que se han quedado por no pagar los préstamos. Son los llamados bancos malos. En su momento se anunció que la creación de estas sociedades o bancos malos sería voluntario, pero finalmente el Gobierno obligará a ello.

Finalmente, el Ministerio de Economía designará a dos evaluadores independientes para que valores cuanto suponen todos los créditos de los bancos.

De Guindos limita a 15.000 millones de euros de dinero público el coste del saneamiento financiero

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha limitado a 15.000 millones de euros de dinero público el eventual coste del saneamiento financiero. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De Guindos recalcó que es complicado calcular el importe potencial de dinero público que podría destinarse a las entidades en caso de que lo necesiten para cumplir con las exigencias previstas por norma.

El dinero público "va a ser claramente inferior a los 15.000 millones", enfatizó el ministro, si bien precisó que este respaldo se articulará a través de bonos contingentes convertibles, vulgarmente conocidos como ''cocos'', que se pagan a un tipo de interés del 10%.

En este sentido, indicó que en principio el eventual respaldo público al sector bancario no costará dinero a los contribuyentes, porque lo que se hace es poner a disposición de las entidades unos recursos que deben ser reembolsados y que llevan aparejada una remueración para el Estado.

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