Sánchez Gordillo, dispuesto a renunciar a los privilegios de ser aforado

El diputado andaluz de IU y líder del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha afirmado que estaría dispuesto a renunciar a los "privilegios" que le otorga su condición de aforado, pero para ello no se plantea dejar su acta en el Parlamento de Andalucía.

Gordillo ha explicado que su renuncia a ser aforado se refiere a que no quiere "ninguna protección ni red" ante la Justicia por las acciones que ha llevado a cabo, como el asalto a un supermercado de Écija (Sevilla) la semana pasada. Eso sí, para ello no se plantea dejar su acta en el Parlamento andaluz.

Ha argumentado también que está siendo fiel al juramento que hizo cuando tomó posesión de su acta de diputado en la Cámara andaluza y en la que expresó su compromiso de "defender al pueblo, a los trabajadores y subvertir el orden establecido del capitalismo".

El líder jornalero ha insistido en que no le importa que lo detengan, como le ha sucedido en muchas ocasiones, ni en ir a la cárcel porque es "consciente" de lo que hace, que, en su opinión, no es delito porque "los robos son los que hacen los bancos".

Ha defendido las acciones en los supermercados porque "no son violentas" sino que el objetivo es llamar la atención para abrir una reflexión sobre la necesidad de que en España haya una renta básica para los parados que les aseguren unas condiciones mínimas de subsistencia.

El PP pide que se le aplique la ley igual que a los demás

El vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, ha reclamado que "se aplique la ley con el mismo rigor que se le aplicaría a cualquier ciudadano" tanto a Juan Manuel Sánchez-Gordillo como a todos aquellos dirigentes políticos o cargos institucionales que participaron en el "asalto" a los supermercados de las localidades de Arcos de la Frontera (Cádiz) y Écija (Sevilla).

Según Floriano, estos "asaltos y agresiones" le está haciendo "un flaco favor a la solidaridad y a la justicia social", recordando que supuestamente "agredieron a gente que estaba trabajando en el supermercado y robaron en el comercio".

En este sentido, ha incidido en que "el cumplimiento de la ley es exigible a todo el mundo en un estado de derecho, al margen de la condición que tengan", por lo que la exigencia del PP es que les aplique "con el mismo rigor que se aplicaría a cualquier ciudadano".