En la AP-41 Madrid-Toledo circularon menos de 700 vehículos al día en agosto

En agosto el tráfico en las autopistas de peaje volvió a bajar respecto a 2011, como en los últimos meses. En la AP-41 Madrid-Toledo el descenso ha sido del 54%. En otras autopistas recientes, como las radiales de Madrid, se han registrado también fuertes caídas, dificultando aún más su viabilidad económica, cuando varias concesionarias están ya en procesos concursales.

En la autopista AP-41, que une Madrid y Toledo, circularon apenas 668 vehículos de media al día en el pasado mes de agosto, según los datos que maneja el Ministerio de Fomento. Es un 54,37% menos que en agosto de 2011, y no llega ni a la cuarta parte del tráfico medio diario registrado en 2008. En agosto la media global en las 28 autopistas de peaje de titularidad estatal fue 21.000 vehículos diarios.

El problema está en la mayoría de la decena de autopistas que se han puesto en marcha en la última fase. En otras ocho de esta última hornada las caídas de tráfico fueron del 8% de la Cartagena-Vera, turística, al 21% de la R-3 madrileña. Sólo se ha mantenido el nivel de uso respecto al año pasado en la M-12 de acceso al aeropuerto de Madrid, una de las tres únicas que superan los 10.000 usuarios al día.

Ése es el problema, el uso ya estaba muy por debajo de lo previsto cuando se adjudicaron las concesiones, y la crisis lo hunde más. Los ingresos por peajes caen en paralelo. En cambio los costes superan con creces lo previsto, sobre todo porque el importe de las expropiaciones. Las concesionarias de cinco autopistas están ya en procesos concursales, y varias más con el agua al cuello.

Las concesionarias de cinco de estas autopistas están ya en procesos concursales -su deuda conjunta supera los 2.000 millones de euros- y alguna más parece a punto de entrar. El Gobierno les ha aportado ayudas por 550 millones de euros, ha consignado 200 millones más para 2013, y busca una solución duradera que no acaba de llegar. Si las empresas quiebran y el Estado recupera las concesiones tendría que compensarlas, asumir una explotación deficitaria, y computaría en el déficit público, recuerdan en el sector.