Imputadas 15 personas por dar comida del Banco de Alimentos en residencias de ancianos
Los imputados también utilizaban tarjetas sanitarias de residentes fallecidos para retirar medicamentos y útiles sanitarios
La Guardia Civil ha imputado a quince responsables de diferentes residencias de ancianos de Cádiz por suministrar a los mayores comida procedente del Banco de Alimentos. Las once residencias en las que se han producido los hechos retiraron hasta 140 toneladas de comida.
Más información
- La pobreza tiene nombre y apellidos y el Banco de Alimentos de Bizkaia ayuda a más de 27.500 personas
- Los diputados del PSOE destinarán su sueldo del día de la huelga a un banco de alimentos
- Nueve millones de toneladas de alimentos se tiran cada año a la basura en España
- Bancos solidarios
- Vendía en su bar productos donados por el Banco de Alimentos
En la investigación ha sido clave la inspección farmacéutica de la Junta de Andalucía. Desde ahí detectaron el uso fraudulento de una serie de tarjetas sanitarias de personas que ya habían fallecido. Con estas tarjetas sanitarias de pacientes de residencias, los imputados retiraban todo tipo de productos de la farmacia, desde medicamento a material sanitario. El valor del fraude en farmacias, según el portavoz de la comandancia de la Guardia Civil en Cádiz, Manuel Gonzalez, habría alcanzado los miles de euros.
A raíz de esta investigación, los testimonios de ancianos de la residencia revelaron que los estaban siendo alimentados con productos del banco de Alimentos de Cádiz. Los 15 responsables de hasta once residencias de la provincia se hicieron pasar por voluntarios. "Se suponía que iban a repartir la comida a los más desfavorecidos y se la llevaban a las residencias", cuenta González.
Los responsables de los Centros de Mayores cobraran hasta 1.800 euros por cada plaza que gestionaban en las residencias. Estos geriátricos tienen plazas concertadas de manera que la Junta completa el pago de la plaza de un mayor desde el 75% del importe de su pensión.
Los imputados están acusados de un posible delito de estafa y de usurpación del estado civil, por usar de manea fraudulenta las tarjetas sanitarias de los fallecidos.
