La comisión interasociativa "da por muerto" a Gallardón

La comisión interasociativa ha convocado este miércoles una reunión urgente en Madrid en la que han aprobado un nuevo comunicado con medidas de presión para evitar la entrada en vigor de las reformas judiciales que ha puesto en marcha el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Jueces y Fiscales anuncian un paro parcial de una hora el próximo 12 de diciembre y comprometen una huelga para el próximo mes de enero si el Gobierno presenta el borrador para la reforma del Consejo General del Poder Judicial.

Las espadas siguen en todo lo alto. Las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales han suscrito un comunicado conjunto en el que anuncian la convocatoria de un paro parcial de una hora el próximo 12 de diciembre para protestar por las reformas que ha puesto en marcha el Ministerio de Justicia. Por primera vez en la historia de la Democracia están llamados al paro jueces, fiscales y abogados, ya que este último colectivo apoya las medidas de presión.

La situación puede empeorar si se cumple el calendario y el próximo 18 de diciembre las Cortes aprobaran la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y si el Gobierno presentara la reforma del CGPJ . Si eso ocurre, la huelga sería inevitable y jueces y fiscales la convocarían durante el mes de enero.

Reunión urgente con Rajoy

En el documento aseguran que la comisión interasociativa "no considera interlocutor válido al Ministro, Alberto Ruiz Gallardón, y pide una reunión urgente con el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy". En rueda de prensa han pedido su dimisión. Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, ha señalado que "no ha tenido los reflejos suficientes para advertir esta grave situación de conflicto y no ha sabido abrir una línea de negociación". El portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, ha dicho que "dan por muerto a Gallardón" en su condición de interlocutor.

Los últimos puntos del comunicado conjunto pasan por pedir que se amplíe la cobertura para frenar los desahucios a otros colectivos vulnerables y por anunciar que pondrán en conocimiento de las instituciones europeas "el grave peligro que corre en España el principio de división de poderes".