Toque de atención al Gobierno en su carrera de recortes de servicios básicos
Pepa Bueno, durante la presentación de la nueva temporada de Cadena SER, en la que dirigirá - junto a Gemma Nierga - 'Hoy por Hoy' / CADENA SER
El Tribunal Constitucional le ha enmendado la plana al Gobierno dos veces en apenas unas horas. Primero ordenó el levantamiento de la suspensión cautelar que pesaba sobre la subasta de medicamentos planificado por el Gobierno andaluz para ahorrar.
La medida, que ahora sí podrá hacer, consiste en que las farmacéuticas ofrecen un precio para las medicinas y ganará la subasta la que ofrezca el precio más bajo. El ahorro se calcula en unos 200 millones de euros al año. El Gobierno Rajoy lo recurrió con el argumento de que no se atenía al modelo de compra de medicamentos del sistema nacional de salud. Y el Constitucional dice que "los intereses particulares de laboratorios y empresas farmacéuticas no pueden prevalecer en modo alguno frente a los generales de reducción del gasto farmacéutico". Y además carga contra las formas: dice que el informe de la Abogacía del Estado para el recurso carece de fecha, firma, autoría origen, registro o cualquier otro dato que permita considerarse un documento oficial. De manera que no tienen ningún valor probatorio. Vuelve a sorprender otra chapuza administrativa por parte del Gobierno formado por altos funcionarios del Estado.
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El Constitucional avaló también este lunes la decisión del Gobierno de Patxi López de seguir ofreciendo sanidad a los inmigrantes 'sin papeles', en contra del criterio del Gobierno central, que enmarcó su orden de no prestarla en la necesidad de ahorro. El Constitucional autoriza ahora al Gobierno vasco a hacerlo, a no dejar sin sanidad a las personas sin papeles en regla. Pero el auto hace varias consideraciones interesantes. Dice que "hurtar la sanidad a los inmigrantes repercute en su salud" y en la de todos porque puede provocar enfermedades que se contagien y que además, el derecho a la salud "no se puede ver mermado por criterios económicos".
Todo un toque de atención al Gobierno en su carrera de recortes de servicios básicos y la apertura de un camino por el que pueden colarse muchas otras reclamaciones contra esos recortes.
La pregunta es: ¿Vale todo para ahorrar gasto público? Parece que el Tribunal Constitucional cree que no.
