Viernes, 09 de Diciembre de 2022

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El PSOE da por roto el acuerdo con el Gobierno para dar solución a las estafas con preferentes

Denuncia que el Gobierno vacía de competencias la Comisión de Seguimiento que tenía que fijar los criterios para determinar qué inversores han sido estafados

Un mes y medio ha durado el pacto entre el PP y el PSOE para dar salida a los miles de afectados por las participaciones preferentes. El Partido Socialista da por roto el acuerdo y acusa al Gobierno de incumplir lo pactado. Lo hace tras conocer que el decreto que preparar el Ejecutivo da un papel meramente informativo a la Comisión de Seguimiento que, según el acuerdo inicial, tenía que fijar los criterios para determinar qué inversores han sido estafados.

El Gobierno está ultimando la creación de la Comisión que se encargará de hacer un seguimiento de las reclamaciones de los afectados por la estafa de las participaciones preferentes. Pese a que había pactado con el PSOE que fuera esa comisión la que determinará los criterios a tener en cuenta para decidir qué inversores han sido estafados, el borrador de decreto ley que maneja el Ministerio de Economía no lo contempla y deja a la Comisión un papel meramente informativo.

El borrador del decreto ley que el Gobierno ha enviado a los grupos parlamentarios vacía de competencias a la Comisión de seguimiento que se va a constituir. Esta comisión tendrá como funciones elaborar informes para el Congreso de los Diputados con datos estadísticos sobre la comercialización de las participaciones preferentes. Pero, según el redactado actual, no fijará los criterios para determinar quién ha sido estafado y quién no.

La fijación de estos criterios fue uno de los grandes avances del acuerdo suscrito a mediados de enero entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero no figura en el borrador del decreto ley en el que se afirma que la Comisión se encargará de "realizar labores de análisis de las reclamaciones judiciales y extrajudiciales".

La Comisión, que se constituirá en las próximas semanas, estará formada por dirigentes de la CNMV, el Banco de España, el Consejo de Consumidores y Usuarios y representantes de los ministerios de Sanidad y de Economía.

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