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El Poder Registral

La reforma, según el Gobierno, servirá para mejorar la eficacia del nuevo servicio telemático unificado, evitará fraudes y supondrá un ahorro importante para la Administración

El anteproyecto de Ley de reforma integral de los registros que ha elaborado el gobierno dota de un poder en exclusiva a los registradores de la propiedad que les permite controlar y dirigir todas las gestiones del tráfico civil, mercantil y de la propiedad cobrando un arancel por los trámites. Un modelo que no existe en ningún país europeo y que encarece los costes de gestiones como la inscripción del matrimonio.

Los colectivos afectados directamente por la reforma como los notarios y asociaciones de registradores anuncian que el anteproyecto supondrá un lastre para el tráfico jurídico ya que aumenta los plazos para conseguir un certificado y obliga a los ciudadanos a inscribir "casi todo", desde el cambio de domicilio a cualquier poder de otorgamiento e incluso el testamento y los seguros. Estos grupos critican la falta de consenso ya que el texto no incorpora ninguna de sus propuestas.

El anteproyecto será aprobado por el Consejo de Ministros en las próximas semanas aunque no entrará en funcionamiento hasta el uno de Enero de 2015. El modelo vetusto del siglo XIX fue reformado por el gobierno socialista en 2011 con el visto bueno del Partido Popular pero no llego a entrar en funcionamiento. Ahora el Ministerio de Justicia adjudica el control absoluto y la gestión del tráfico jurídico y mercantil al Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad que pasará a organizar el servicio en régimen de franquicia, cobrando un arancel por sus gestiones. Serán los únicos funcionarios públicos encargados de supervisar y autorizar estos certificados. Una especie de "supremos controladores" del tráfico jurídico en nuestro país ya que antes de calificar un documento para la inscripción, los registradores han de consultar obligatoriamente todos los demás registros y ello supone que cada consulta pueda ser cobrada.

Los tramites como la inscripción del matrimonio, divorcios, cambios de nombre y apellidos así como las peticiones de nacionalidad tendrán un precio aproximado entre los 10 y los 40 euros.

Poder concentrado

El proyecto contempla un aumento de los actos y negocios que deben ser inscritos obligatoriamente como el cambio de domicilio, el testamento o los seguros incluyendo además los apoderamientos otorgados por personas físicas. El modelo, según sus detractores, va a convertir a los registradores de la propiedad en una especie de "pseudo poder del Estado" que todo lo registra -lo personal, lo patrimonial y lo societario- y que solo responderá de actividad ante los jueces ya que desaparece el recurso gubernativo ante la Administración y es sustituido por una Junta de Letrados, compuesta por por tres notarios, tres registradores y tres catedráticos de universidad, que resolverán los recursos de los ciudadanos.

El texto establece también la creación de una Ley de responsabilidad individual, directa y patrimonial de los registradores para actuar cuando cometen errores o se lesionan derechos. Además tendrán que suscribir un seguro colectivo de responsabilidad.

Bodas civiles a 90 euros

A partir de la nueva entrada en vigor de la nueva ley previsto para Julio de 2014, cada vez que un ciudadano cambie de domicilio deberá comunicarlo al Registro Civil con el depósito previo de un arancel por el certificado correspondiente. En el caso de las bodas civiles, los trámites se alargan y encarecen. Los matrimonios civiles oficiados hasta ahora por los jueces de forma gratuita pasaran a ser competencia de los notarios y los cónyuges deberán pagar alrededor de 90 euros. Además según la reforma el certificado notarial deberá ser autorizado por el registrador, volverá al notario y de nuevo al registrador para su aprobación definitiva (certificación de validez). Trámites que prolongarán la obtención definitiva del certificado civil de matrimonio.

El anteproyecto mantiene la gratuidad para los tramites más habituales que realizan los ciudadanos como la inscripción del nacimiento y las defunciones, un 80 por ciento de la actividad de estas oficinas.

Ahorro de 450 millones

Los redactores del proyecto señalan que el modelo dotará de mayor eficiencia al registros civil al incrementar la interoperabilidad informática y supondrá una ahorro muy importante para la administración ya que ahora este servicio conlleva costes cercanos a los 450 millones de euros.

Sin embargo, los críticos con la reforma apuntan a que el coste de estos servicios no se cubrirá ya por los presupuestos generales del Estado sino por los usuarios. Además denuncian que el proyecto no va acompañado de un estudio sobre su viabilidad económica.

España, país de la excepción

En la mayoría de países de nuestro entorno la figura del registrador de la propiedad se limita a conectar la información registral facilitada por las nuevas tecnologías. El encargado del registro no efectúa calificación jurídica alguna de los documentos. España funciona también de forma excepcional porque es el único lugar donde los registradores cobran por arancel y gestionan la oficina como un negocio propio.

Coincidencia política

Los colectivos que recelan del anteproyecto lo hacen también en clave política porque dicen que se está legislando para un grupo profesional al que pertenece el presidente del Gobierno de Mariano Rajoy. Dos de sus hermanos son registradores de la propiedad. El director General de Registros y Notarías y el subdirector general son registradores y los redactores de la ley.

Libro de familia electrónico

Con el nuevo modelo se acabó el papel, los modelos impresos, los libros foliados, etc. La intención del Gobierno es que con la puesta en funcionamiento de la ley el libro de familia tal y como lo conocemos desaparecerá aunque los ejemplares tendrán validez hasta que haya que realizar una nueva inscripción a partir de 2015. Los nuevos documentos electrónicos contarán con sistemas de seguridad y trazabilidad.

Inscripción de nacimientos desde el hospital

La inscripción se realizara con una declaración firmada por los declarantes, acompañada del parte facultativo y la dirección del hospital comunicará en 24 horas a la oficina del registro civil el nacimiento. La ley establece que el personal sanitario deberá tomar las cautelas necesarias para asegurar la identificación del recién nacido y efectuará comprobaciones indubitadas. En ningún caso será necesario el consentimiento de los progenitores para la toma de muestras como el ADN que permitan la identificación del recién nacido.

Para evitar el robo de niños se ordena la inscripción de fallecidos después de seis meses de gestación, previa identificación genética y con certificado médico expedido por dos facultativos.

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