Presuntos, diferidos y dimisionarios por delegación

No existe material más flexible y maleable que un procedimiento jurídico. Las imputaciones a cargos públicos -que las carga el diablo- demuestran una elasticidad extraordinaria. De hecho, una de las variables más importantes para convertir la imputación de un político en una garantía procesal o transformarla en una pre-condena sin apelación posible es la distancia que separa el hecho de los intereses afectados y de los intereses del partido al que pertenece el susodicho. Digamos que ésta es una interpretación libre de la fórmula matemática de Miguel Aguilar que ayuda a resolver la eterna interrogante: ¿Qué es noticia?.

La presunción de inocencia es una garantía constitucional y ha de aplicarse y entenderse sin límites. Pero este incontrovertible principio no invalida a los partidos para evitarse el ridículo habitual. Pero estas organizaciones exhiben el comportamiento de la manada cuando es imputado uno de los suyos.

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Hay ejemplos en todos los partidos. En el PP, la ministra de Sanidad Ana Mato casi termina siendo canonizada por la dirección del PP y el propio presidente del Gobierno. En su caso ni siquiera está imputada, pero en los informes de la UDEF -que distan mucho de ser la verdad suprema, digámoslo- figura como co-beneficiaria de regalos (bolsos, viajes) y servicios (fiestas de cumpleaños...) de la trama Gürtel por valor de 50.000 euros. Su exmarido, Jesús Sepúlveda, la exculpó de cualquier responsabilidad. Pero es obvio que, de acreditarse finalmente tal relación, resultaría imposible deslindar el disfrute de tales prebendas en el seno familiar. Por mucho menos dimiten a manojitos los ministros por toda Europa. Y curiosamente sus instituciones siguen funcionando, el partido no pierde estima social y/o refrendo electoral, y el país no se hunde. Aquí somos más nuestros: elevamos a la afectada al nivel de víctima y "el apoyo sin fisuras" del presidente del Gobierno se convierte en una decisión irrecurrible y, por lo que se ve, impermeable y ajena a la opinión expresada por los ciudadanos: más del 80% de los españoles quieren que Mato dimita; y el 73% de los votantes del PP.

Ocurre además que los afectados suelen aducir que su dimisión equivaldría a admitir su culpabilidad. Nada más lejos de la realidad. Recientemente dimitió la ministra alemana de Educación, Annette Schavan, acusada de plagiar su tesis doctoral. Se marchó negando los hechos y lo hizo por dos motivos: para defenderse y porque "el cargo y el gobierno no pueden sufrir daños". En su despedida la acompañó Merkel. Y lo dicho, Alemania sin hundirse.

María Dolores de Cospedal también ha contribuido a la renovación e interpretación del lenguaje jurídico-político con esa creativa fórmula que explicaba el fin de la relación contractual de Bárcenas con el PP: "Recibió una indemnización en diferido (..) una simulación de despido". Menos mal que esta innovación pertenece al ámbito del derecho laboral antes que al penal.

José Blanco, exministro de Fomento y vicesecretario del PSOE, sí está imputado por el llamado caso Campeón. El fiscal ha solicitado a la sala de lo Penal del Tribunal Supremo que pida su suplicatorio al Congreso. Lo acusan de haber mediado ante una institución local para agilizarle gestiones a un empresario amigo. Lo interesante de este caso es que Blanco ha reformulado su propia opinión sobre el significado de las imputaciones, una opinión que aplicaba a hierro sobre el lomo de los adversarios políticos. Hasta ahora. Ha admitido su error al haber juzgado tan duramente a otros que pasaron por su misma situación y ha fijado el listón de su dimisión en la apertura del juicio oral. No se olvide que Rubalcaba ha puesto reiteradamente la mano en el fuego por Blanco. ¿Más que poner la mano por nadie no sería más razonable aguardar a que se sustancien los procedimientos judiciales, evitando comprometer así, ante un posible revés, a la Secretaría General del PSOE?

Y un tercer hallazgo: la dimisión convertida en "delegación" de responsabilidades. Hay políticos que juegan al ataque, dispuestos a ofrecer siempre espectáculo. Se llama Oriol Pujol, miembro de pleno derecho del pinyol del nacionalismo catalán, con apellido de rancio y abolengo catalán. Imputado por un presunto delito de tráfico de influencias en el caso de las ITV. Se supone que aprovechó su cargo como secretario general de Industria de la Generalitat para beneficiar a empresarios amigos y lucrarse él mismo. Al igual que los anteriores, lo niega todo. En este caso se agarra a que no ha sido imputado como cooperador necesario para, de nuevo, innovar en el interesante mundo de las dimisiones en modo yenka. Ha dimitido por delegación. O sea, deja su cargo como secretario general de CDC pero en el fondo lo conserva, una especie de hibernación de la responsabilidad por si es posible regresar limpio de polvo y paja. Lo que él ha llamado "garantía de reparación necesaria". Es prodigioso. Tenemos unos políticos de una sagacidad e imaginación en las tareas de conservación del puesto pero incapaces de trasladar esos atributos a su desempeño político. Incluso la otrora aguerrida ERC ha aplaudido la decisión de Pujol. "Ha hecho más que otros políticos en su situación", han dicho los republicanos nacionalistas catalanes.

Jeffrey Archer, que fue miembro del partido conservador británico y lord, fue condenado a cuatro años de prisión por perjurio. Estando en prisión escribió el delicioso Casi culpables (Grijalbo), un conjunto de relatos divertidos y creíbles en los que sus compañeros de celda defendían su inocencia. Nuestros políticos sólo son, por el momento, presuntos. Tienen derecho a que se le reconozca tal condición. De igual forma que los ciudadanos tenemos derecho a que se nos reconozca nuestra presunción de inteligencia, el derecho constitucional más pisoteado en España.