Martes, 16 de Agosto de 2022

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Una comisión determinará qué clientes pueden reclamar todo el dinero de las preferentes

Para determinar los clientes que puedan acogerse al arbitraje se tendrá en cuenta su nivel de cultura financiera o la cantidad de dinero que colocó

Una comisión constituida por el Consejo de Ministros establecerá en qué situaciones puede acudir al arbitraje un particular que tenga preferentes o deuda subordinada de los bancos nacionalizados, Bankia, Nova Galicia Banco o Catalunya Bank. Es la opción que se contempla para aquellos que crean que fueron engañados cuando la entidad financiera les vendió las preferentes. Si se le da la razón, el cliente recuperará todo el dinero.

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De acuerdo con lo que ha dicho el ministro de Economía, Luis de Guindos, para determinar los clientes que puedan acogerse al arbitraje se tendrá en cuenta sus características personales, por ejemplo su nivel de cultura financiera, o la cantidad de dinero que colocó en preferentes.

Por el momento Nova Galicia Banco y Catalunya Bank ya iniciaron hace meses el sistema de arbitraje y ahora seguirán las pautas que marque la comisión constituida por el Gobierno. Sin embargo, Bankia está todavía pendiente de iniciar su sistema de arbitraje para los preferentistas y se regirá por esas normas. El Frob, el fondo de rescate de bancos, anunció que el proceso de arbitraje en Bankia se iniciará la primera semana de abril. Una vez seleccionadas las personas que han sido admitidas, será el Instituto Nacional de Consumo el que resolverá el arbitraje. Si se da la razón al cliente, al considerar que no se le dio la información suficiente y no se le explicó el riesgo que suponía comprar preferentes, recuperará todo el dinero.

Como referencia, de los 56.000 casos que han acudido hasta ahora al arbitraje en NovaGalicia Banco, 14.100 han dado la razón al cliente, que recupera así lo que colocó, restando los intereses que ganó. En el caso de Catalunya Bank, de 30.000 casos sometidos al arbitraje han resultados favorables para el cliente en 10.000.Según cálculos del Gobierno, 300.000 personas tienen todavía preferentes o deuda subordinada por un valor de 8.000 millones de euros.

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