Enmienda a la totalidad a la ley Wert

El ministro Wert se quedará solo en la defensa de un proyecto que considera "imprescindible para mejorar los malos resultados del sistema educativo y combatir las altas tasas de abandono escolar". La oposición rechaza de forma unánime la reforma por considerarla "ideológica, partidista, segregadora, confesional e invasora de competencias autonómicas y modelos lingüísticos".

Sin consenso. La falta de apoyos sociales y políticos que ha acompañado la reforma educativa desde el inicio volverá a evidenciarse esta tarde durante el debate de totalidad del proyecto de ley en el Congreso (aunque la votación se trasladará al Palacio del Senado por obras en el hemiciclo). La ronda de contactos bilaterales mantenidos por el ministro con todos los grupos políticos en el último mes no ha servido para aproximar posturas y el texto se encontrará hoy un rechazo poco frecuente en la tramitación parlamentaria.

Las reválidas, el adelanto de itinerarios, el refuerzo de la asignatura de religión, la supresión de educación para la ciudadanía, el pago a centros privados para la escolarización en castellano en Cataluña, la financiación de la ley en un marco general de recortes o los conciertos a centros que segregan por sexo volverán a ser algunos de los puntos más polémicos que sin duda aflorarán en el debate.

Como ya habían manifestado, todos los grupos políticos, salvo Foro Asturias y UPN, pedirán al Gobierno la devolución del texto, mediante la presentación de sendas enmiendas a la totalidad.Según el PSOE, se trata de "una norma profundamente ideológica que pretende establecer una educación segregadora y elitista, que rompe con la equidad y el principio de igualdad de oportunidades, al establecer un sistema educativo socialmente injusto que perjudicará alas rentas más bajas, ineficaz pra el futuro del país y que atenta contra la igualdad".

En su enmienda el grupo de la Izquierda Global señala que se trata de una reforma elaborada sin consenso y de espaldas a la comunidad educativa, que no aporta los recursos suficientes para mejorar el sistema educativo y que supedita la enseñanza a los intereses economicistas, "mediante la supresión de materias y contenidos considerados poco útiles para la empleabilidad".

"Ataque a la diversidad lingüística y a las competencias autonómicas"

PSC, CiU, ICV y ERC han mostrado también su radical oposición al texto al considerar que la reforma "niega la diversidad lingüística de las comunidades autónomas con lengua propia" y atenta contra un modelo de escuela catalana que ha sido ejemplo de cohesión social. Este texto pactado se inspira en la propuesta de resolución que elaboraron los partidos catalanes -salvo el PP catalán y Ciutadans- a comienzos de junio, y en la que instaban al Gobierno catalán a pedir al Ejecutivo central la retirada de la reforma, en defensa del sistema de inmersión lingüística y la reivindicación del "blindaje" de las competencias educativas de la Generalitat.

El texto también cuenta con el rechazo del PNV. En su enmienda a la totalidad, el grupo vasco denuncia que la reforma no respeta el marco competencial,"transgrede el bloque de constitucionalidad"y "carece del imprescindible consenso social y político que requiere una reforma educativa de semajante calado,adolece de un marcado carácter recentralizador y uniformador, y produce la quiebra del principio de equidad, elemento clave de cualquier sistema educativo de calidad".

También UPyD pedirá la devolución del proyecto de ley por considerar que se trata de una normativa insuficiente que no resolverá los problemas de la educación y que deja la enseñanza al "habitual vaivén político partidista" profundizando en la inestabilidad del marco legal del sistema educativo.

Por su parte, se espera que el ministro Wert y el grupo popular reiteren sus argumentos para defender la puesta en marcha de una reforma que consideran inaplazable en un país con una tasa del 25% de abandono escolar y de 57% de paro juvenil y que necesita de modo urgente mejorar los resultados educativos que obtienen los alumnos españoles en las evaluaciones internacionales como el informe PISA. El ministro Wert ha reprochado reiteradamente a la oposición su rechazo a la reforma con argumentos "que no obedecen a la realidad y están basados en prejuicios y desconocimiento".