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Lunes, 24 de Febrero de 2020

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Admitida una querella contra el presidente balear por malversación y prevaricación

El juez admite la querella por el uso por parte de Bauzá de la Abogacía de Baleares para defenderse de unA supuesta vulneración de su derecho al honor

José Ramón Bauzá, en rueda de prensa /

Nuevo frente judicial para el presidente balear, José Ramón Bauzá. El magistrado del Juzgado de instrucción número siete de Palma, Antoni Garcías, ha admitido a trámite una querella presentada por UGT Baleares contra Bauzá y el vicepresidente balear, Antoni Gómez.

El juez admite la querella por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, por el uso por parte de Bauzá de la Abogacía de la Comunidad Autónoma para defenderse de un supuesta vulneración de su derecho al honor. El president tiene abierto un proceso en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares por una denuncia de los partidos de la oposición, que consideran que su cargo de presidente es incompatible con la administración de dos empresas y la titularidad de una farmacia.

José Ramón Bauzá denunció al secretario general de UGT en las islas, Lorenzo Bravo, por una serie de manifestaciones que consideró, vulneraban su derecho al honor. Para ello, utilizó los servicios de la abogacía de la Comunidad Autónoma, con el beneplácito del vicepresidente Antoni Gómez. Sin embargo, un juzgado de primera instancia y la Audiencia Provincial dieron la razón al sindicalista, ratificando que no hubo delito contra el honor.

En el auto dictado por el magistrado al que ha tenido acceso la Ser, el juez recuerda que la sentencia sobre el caso resolvió que no había delito. En juez entiende que según esa sentencia, el president pudo utilizar de forma indebida los servicios jurídicos de la Comunidad. El honor, dice en el auto, es de carácter personalísimo y Bauzá no pretendía restaurar el honor de la presidencia del Govern, sino el suyo propio. Por todo ello, el juez considera que cabe investigar los hechos, a pesar de que la Fiscalía emitió un informe en el que se oponía a que la querella fuera admitida a trámite.

El magistrado fija una fianza de 4.000 euros para que la acusación popular, formada por UGT y su exsecretario general, Lorenzo Bravo, puedan ejercer la acción penal. El juez ha requerido documentación a diversos organismos, como el Parlament, la Conselleria de Presidencia y la Audiencia Provincial.

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