
Gerardo Camps reconoce que los contratos con Urdangarin estaban sometidos a la ley de contratos públicos
Un trato de favor permite al exconseller de Economía y ahora diputado nacional esquivar a las cámaras a la entrada de su declaración en calidad de testigo

José Castro investiga los casi seis millones de euros que obtuvo el Instituto Nóos de los gobiernos de Baleares y Valencia
El juez que investiga el fraude del instituto Nóos, José Castro, y el fiscal del caso, Pedro Horrach, interrogan este fin de semana en Valencia a 12 personas, sin contar con el expresident Francisco Camps, que se acogió a su derecho a declarar por escrito. El exconseller de economía y ahora diputado nacional, Gerardo Camps, ha reconocido que CACSA, la sociedad que contrató con el Instituto Nóos en Valencia, estaba sometida a la ley de contratos públicos del Estado y no al derecho privado. La entidad que dirigían Iñaki Urdangarin y Diego Torres obtuvo 3,6 millones de euros de la administración pública valenciana.
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El que fuera conseller de Economía de la Generalitat Valenciana y ahora diputado nacional, Gerardo Camps, ha tenido que declarar como testigo por los contratos de su departamento con el Instituto Nóos que le reportaron 3,6 millones de euros. Camps ha reconocido que estaban sometidos a la ley de contratos públicos del Estado, no al derecho privado, y que nunca tuvo conocimiento de ninguna irregularidad. Preguntado por los presuntos informes que se incluyeron para justificar gastos por la organización de esos eventos, ha reconocido que simular informes es ilegal, según fuentes jurídicas consultadas por la Cadena SER. Camps ha evitado a las cámaras gracias a un trato de favor al poder acceder a la Ciudad de la Justicia por la puerta del juzgado de guardia, en contra del criterio del juez decano.
El juez que investiga el fraude del Instituto Noos, José Castro, junto al fiscal del caso, Pedro Horrach, llevan a cabo este fin de semana un maratón de interrogatorios en Valencia. El objetivo es el de acotar los indicios penales que existen contra los cargos públicos que dieron el visto bueno a las tres ediciones de la Valencia Summit y a los fallidos Juegos Europeos.
Los interrogatorios vienen marcados por el informe que la fiscalía ha entregado al juez para oponerse a una hipotética citación en calidad de imputada de la infanta Cristina. Castro se ha referido a ello asegurando que "los informes del fiscal siempre son muy cualificados y lo valorará en su momento".
Castro: "El escrito es muy cualificado, se valorará cuando llegue el momento"
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