La Fiscalía pide investigar el contrato de Neymar con el Barça

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Pablo Ruz que abra una investigación contra el presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, por presuntas irregularidades financieras cometidas en el fichaje del jugador brasileño Neymar da Silva. Para la Fiscalía, los contratos podrían estar "simulados o alterados", e interesa una batería de diligencias para investigar el contrato más a fondo.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional cree que el juez Ruz debe admitir a trámite la querella e investigar al presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, por el contrato del jugador brasileño Neymar da Silva con el equipo. Para la Fiscalía, al menos de forma indiciaria, podría existir un delito de apropiación indebida ya que los contratos firmados entre el jugador y el club podrían ser "contratos simulados o que alteraban la finalidad del concepto de los pagos".

El texto de la Fiscalía pide investigar el contrato del jugador brasileño porque, según razona, "del examen de la referida documentación se deduce que existe una verosimilitud de los hechos relatados y que pueden ser constitutivos de un delito de apropiación indebida, por lo que ha de admitirse a trámite".

Para el Ministerio Público, no está claro el desglose de los 57,1 millones que el FC Barcelona pagó por Neymar, plantea dudas sobre los conceptos por los que se pagaron: señala que se firmó un primer contrato en Brasil en 2011 en el que el Barça manifestó su intención de fichar al jugador, y en el que se pactó abonar 10 millones de euros a la sociedad 'Neymar & Neymar', propiedad del padre del jugador, en concepto de "contrato de préstamo". Más tarde, en 2013, se habría firmado un nuevo acuerdo en el que se cerraron otros 40 millones de euros, incluidos los 10 anteriores, como "cláusula de penalización en caso de incumplimiento de contrato".

Según dice la Fiscalía, el FC Barcelona pagó estos 40 millones de euros porque fichó al jugador incumpliendo este primer contrato. Para la Fiscalía, las cuentas anuales del club no hacen referencia a esta "cláusula de penalización" de 40 millones de euros. Algo que, según cree, podría ser constitutivo de un delito de apropiación indebida en su modalidad de distracción, "pues los contratos que se han ido firmando en ocasiones no responden a lo indicado en los mismos, tratándose en algún caso de contratos simulados (el del préstamo) o alterando la finalidad del concepto en que se paga una cantidad (los 40 millones se abonan finalmente como una cláusula de penalización cuando en realidad inicialmente eran por la adquisición de los derechos económicos y federativos del jugador)".

Batería de diligencias

La Fiscalía, además de interesar la admisión a trámite de la querella, pide al juez Ruz que ordene cuatro diligencias de investigación: pide a la FIFA la documentación relativa al fichaje de Neymar, solicita al jugador el contrato que firmó con la sociedad 'Neymar & Neymar' por el que cedía "los derechos económicos futuros", también libra una comisión rogatoria a Brasil para que el Santos CF remita el contrato que tenían con el jugador y por último llama a declarar en calidad de perito al personal de la auditora Deloitte que elaboró los informes sobre las cuentas anuales del FC Barcelona enviada al juzgado.

Es la respuesta de la Fiscalía de la Audiencia Nacional después de haber estudiado el contrato del jugador brasileño, junto con el resto de la documentación remitida por el FC Barcelona al juzgado. Un procedimiento judicial iniciado después de que un socio del club denunciara a Sandro Rosell ante la Audiencia Nacional con motivo del contrato: según la querella, el Barça pagó un total de 57,1 millones de euros por el jugador, 40 de los cuales habrían ido a parar a una sociedad propiedad del padre del brasileño, 'Neymar & Neymar', sin que su verdadero destino, siempre según la denuncia, fuera puesto en conocimiento de los socios del club.

La próxima decisión, en manos de Ruz

La próxima decisión está en manos del juez Ruz: una vez estudie los argumentos de la Fiscalía, tendrá que anunciar si abre una investigación contra Rosell o si archiva la denuncia. El magistrado ya se declaró competente para estudiar los hechos, señalando que de ser ciertos podrían constituir un delito de apropiación indebida cometido en el extranjero.