IU exige una ley anticorrupción que imponga el cese a políticos imputados

Un llamamiento a la "rebelión democrática y social". Así se presenta el documento hecho público hoy por IU donde se incluye todo un programa de reformas que cambien las reglas del juego y regeneren la política. Para ello no ha dudado en incluir planteamientos defendidos por el movimiento 15-M.

El documento aspira a generar un debate lo más amplio posible en la ciudadanía frente a las propuestas "meramente cosméticas" del PP y del PSOE. Se articula en cuatro ejes: cargo público, participación civil y transparencia, procedimiento electoral y el derecho a la no desinformación.

Se propone en éste documento la creación de la figura del revocatorio para los cargos públicos con tareas de gobierno: todo cargo público puede perder su legitimidad si se desvía de la defensa del interés general. Debe recibir, además, una remuneración fija, austera y razonable, dice el texto, que nunca supere a la del funcionario de mayor rango de la Administración en la que esté. Así se garantiza que nadie pueda enriquecerse en política. Cada año y al final de cada mandato los cargos públicos tendrán que rendir cuentas para comprobar que se ha acometido con éxito la tarea de representación que se le ha encomendado. En el documento se refleja la petición de que se apruebe una ley integral y severa anti-corrupción que incorpore el delito de enriquecimiento ilícito o medidas cautelares que impongan el cese de políticos imputados y el abandono del cargo. Se reclama que se elimine la inmunidad asociada al cargo.

Apuesta IU también por que se facilite la convocatoria de referendos, que sea obligatorio celebrarlos para las decisiones más importantes de política exterior e interior, y que se modifique la ley electoral, que cada voto valga lo mismo independientemente de su ubicación geográfica.

La formación que lidera Cayo Lara está dispuesta a abanderar toda una batalla contra la desinformación exigiendo la celebración de debates políticos plurales en los medios de comunicación para romper con el bipartidismo. Quiere además legislar para que todos los medios tengan protocolos democráticos según los cuales las decisiones sobre la información no estén tomadas sólo por los propietarios sino que el conjunto de la redacción tenga derecho a expresar su opinión y a tomar decisiones.

IU quiere que por ley se asegure que las principales propuestas electorales de los partidos sean vinculantes y que si no se cumplen se pueda convocar un nuevo proceso electoral, aunque ésta propuesta, de momento, se ha sacado de éste documento en espera de que se sume como aportación ciudadana en el documento final que se elabore.

La dirección del partido encargó a su diputado Alberto Garzón la coordinación de éste documento que podría traducirse en una batería de iniciativas parlamentarias a debatir en las distintas comisiones del Congreso. Un documento que será consensuado con la sociedad civil y por toda la militancia de la izquierda social, sindical o política.