El juez Castro interroga a la infanta Cristina por los negocios de su marido

Cristina de Borbón y Grecia declara este sábado en calidad de imputada. El juez, José Castro, atribuye a la hija menor de los reyes los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales que habría cometido a través de Aizóon, la empresa que comparte al 50% con su marido. A pesar de que los informes que obran en la causa niegan que la infanta participara en la gestión de la sociedad matrimonial, el juez quiere aclarar por qué cargó a esta empresa numerosos gastos particulares ajenos a la actividad mercantil e incluso los de la reforma del Palacete de Pedralbes.

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Desde hace tres años que arrancó la investigación, el nombre de Cristina de Borbón ha sobrevolado por encima de la que se bautizó como operación Babel, aunque haya calado en la opinión pública como caso Nóos. En primer lugar porque ella era uno de los cinco miembros de la junta directiva del Instituto Nóos que obtuvo seis millones de euros de dinero público procedentes de los gobiernos de Valencia y Baleares para organizar unas jornadas de turismo y deporte. Seis millones de euros de los que sólo han justificado que destinaran a ese fin 1,9 millones de euros. En segundo lugar porque ella es copropietaria junto a su marido de Aizóon. Una sociedad matrimonial a la que fue a parar casi un millón y medio de euros procedentes de Nóos que se nutría casi exclusivamente de dinero público.

La Audiencia de Palma cerró la puerta de la imputación de Cristina de Borbón por su vinculación con esta entidad sin ánimo de lucro pero la abrió de par en par para que se le investigara por delitos más graves como los de blanqueo de capitales y fraude fiscal que son los que este sábado hacen que se siente en el banquillo de la sala de interrogatorios frente a un retrato del rey. El juez Castro considera que hay indicios contra ella y se basa en el carrusel de gastos particulares que los duques de Palma cargaron a Aizóon. Desde clases de salsa y merengue o de coaching, pasando por fiestas de cumpleaños y cenas, hasta llegar a viajes de lujo a Roma, África o para llevarse a la familia a esquiar a las montañas del Colorado. El delito de blanqueo se centra en la reforma del palacete de Pedralbes. La vivienda del matrimonio costó casi seis millones de euros a los que hay que sumar los tres de la reforma que pagó la empresa familiar.

El fiscal Pedro Horrach se apoya en los informes de la Agencia Tributaria para defender que no hay motivos para esta cita judicial porque la infanta Cristina no ha cometido delito alguno. Los abogados de la hija de los reyes, el letrado de Urdangarin y, tanto Castro como Horrach, formularán cientos de preguntas que ella contestará. Sin embargo, fuentes jurídicas apuntan a que se negará a responder al resto de las partes personadas en este sumario. El juez será el que empiece el interrogatorio.

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