El Consejo de Enfermería evita criticar la reforma del aborto
Pide tener en cuenta la doctrina del Constitucional porque el derecho de la mujer no es absoluto
El órgano que representa a los 250.000 profesionales de la enfermería, el 85% de ellos mujeres, ha remitido un informe a Justicia en el que deja fuera los pronunciamientos contrarios a la nueva ley emitidos por varios colegios provinciales. No se pronuncia sobre la eliminación del supuesto de anomalía fetal pero recuerda la Convención de la ONU sobre personas con discapacidad.
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El Consejo General de la Enfermería no se pronuncia claramente sobre el anteproyecto de Ley para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer. En el documento que ha enviado a Justicia declara que "entiende y respeta todas las opiniones y opciones que cada profesional pueda manifestar de forma individual ante la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo".
Sin embargo, a pesar de esa posición aparentemente neutral, el órgano colegiado presidido por Máximo González Jurado se inclina de forma subliminal a favor de los argumentos del ministro Gallardón y del PP. Considera que la regulación legal del aborto "corresponde al Poder Legislativo la última decisión, teniendo en cuenta en todo caso la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional para la armonización de los derechos afectados". Según el coordinador del estudio Rafael Lletget "se alega con alegría el derecho de la mujer a decidir libremente la interrupción del embarazo pero hay sentencias del Constitucional que establecen que el nasciturus exige una especial protección".
El Consejo General de la Enfermería cree que es "necesario el mayor consenso posible en los ámbitos político, social y profesional para dotar a la nueva norma de la mayor estabilidad y seguridad jurídica". Además aplaude la inclusión en el anteproyecto del reconocimiento de la objeción de conciencia, una figura a la que podrán acogerse todos los profesionales sanitarios y no como en la actualidad solo los médicos y enfermeras directamente implicados en la interrupción del embarazo. Esta es la única valoración explícita que hace de la ley Gallardón.
El informe no incorpora los pronunciamientos de rechazo de al menos tres colegios provinciales. El de Navarra, Baleares y Salamanca han enviado al Consejo sus consideraciones en las que exigen la retirada de la reforma del aborto por anular el derecho de la mujer a decidir sobre su maternidad, por contradecir las recomendaciones de la OMS y porque la ley de plazos garantiza la salud de las mujeres y de los recién nacidos de forma más eficiente que la ley de supuestos. Estas tres valoraciones las adjunta como anexos pero fuera del documento redactado por el Consejo.
Tampoco se manifiesta sobre la supresión del supuesto de malformación fetal. Sí hace hincapié en que el respeto por la vida, la dignidad y los derechos del ser humano son condiciones esenciales de la enfermería. Sobre esta está polémica eliminación del aborto por anomalía fetal, el Consejo adjunta otro anexo con la Convención de la ONU sobre las personas con discapacidad.
La postura del Consejo General de la Enfermería es muy diferente a la de la Organización Médica Colegial. La OMC y los colegios médicos vapulearon con dureza la ley Gallardón. Creen que la mujer no debe ser considerada enferma mental, que la decisión de abortar no debe estar en manos de terceros, que la malformación fetal debe ser incluida como supuesto, que las menores deben abortar solas en caso de conflicto grave y que la objeción de conciencia debe limitarse a los médicos que practican la interrupción del embarazo.
