El Gobierno indultó a corruptos cuando no hubo lucro personal del condenado

El ministro de Justicia Albert Ruiz-Gallardón ha matizado este jueves sus palabras sobre los indultos concedidos por el Gobierno, señalando que no se ha indultado a políticos "que se llevaban dinero en su bolsillo", es decir, que consiguieron un lucro personal a través de delitos de corrupción. En los últimos dos años, el ejecutivo ha conmutado sus penas a varios políticos condenados por corrupción en casos en los que no hubo lucro personal, como el caso de Josep María Servitje (CiU) o el exalcalde de Abdalajís Tomás Gómez Arrabal (PP).

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó el miércoles en un coloquio que "desde que estamos ejerciendo no se ha concedido un solo indulto por un delito de corrupción, y es más, mientras yo sea Ministro de Justicia no se va a conceder". Este jueves, el titular de la cartera de justicia ha matizado sus palabras limitando esta afirmación a los políticos "que se llevaban dinero en su bolsillo". Es decir, que abusaron de su cargo y cometieron delitos relacionados con la corrupción como la prevaricación, pero que el resultado no fue un beneficio propio en términos económicos.

Lo cierto es que el Ejecutivo ha concendido indultos a políticos que han sido condenados por casos de corrupción, en supuestos en los que no existió lucro personal del condenado tal y como afirmó Ruiz-Gallardón. Uno de ellos fue Josep María Servitje (CiU), un alto cargo de la Generalitat de la época de Jordi Pujol, que había sido condenado a 4 años y medio de cárcel por su participación en el denominado 'caso Treball', por crear un plan para desviar 7,6 millones de pesetas del Departamento de Trabajo de la Generalitat a empresas afines. El Gobierno le sustituyó esta condena por una multa de 3.650 euros, lo mismo que aplicó a un empresario también condenado, Víctor Manuel Lorenzo Acuña.

En julio de 2012, el ejecutivo también concedió un indulto parcial a Tomás Gómez Arrabal, exalcalde del PP de la localidad malagueña de Abdalajís, que había sido condenado a tres años de cárcel por hasta 12 delitos de prevaricación urbanística al haber concedido numerosas licencias de obras sin tramitar expedientes administrativos según marca la ley. Una condena que el indulto dejó en 2 años a condición de que no volviera a delinquir en los próximos tres años, una nueva condena que no implicaba su ingreso en prisión si carecía de antecedentes penales.

Tres ediles condenados

En este mismo caso, el Gobierno otorgó la medida de gracia a tres ediles implicados en este caso que habían sido condenados a penas de varios meses de prisión: Antonio Pérez Postigo, Fermín Muñoz Armero y María Teresa Mesa, todos por prevaricación. En todos estos casos el ejecutivo mantuvo la inhabilitación para ejercer como cargo público durante los próximos diez años que habían marcado los tribunales sentenciadores.

Además de estos indultos, el Gobierno también conmutó la pena al cerebro de una red de fraude de IVA, M. E. que había sido condenado en 2010 a dos años de prisión por un delito de falsedad en documento mercantil en concurso con otro de estafa. Su condena fue reducida en medio año. De igual manera, el ejecutivo concedió el indulto al empresario Miguel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, condenado por un delito contra la ordenación del territorio.

A este respecto se refirió el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, señalando que "este Gobierno ha indultado a miembros de su propio partido en casos de prevaricación urbanística y a otros cargos condenados por delitos contra la administración pública. Estos indultos se han acordado sin ninguna explicación de las causas que los motivaban".