El PSOE quiere impulsar la creación de una ley contra la pobreza energética

Ser perceptor de una pensión mínima de la Seguridad Social o formar parte de una familia con todos sus miembros en paro son algunos de los requisitos que se establecen para ser considerado un consumidor vulnerable. La tarifa social de cada suministro -luz, agua o gas- se aprobará con carácter trimestral por el Consejo de Ministros y no tendrá en cuenta la fluctuación de los precios de mercado. Ninguna compañía podrá cortar el suministro sin autorización de la Administración.

El PSOE quiere actuar ante el problema impulsando la creación de una ley contra la pobreza energética. Ya lo habían anunciado en la Conferencia Política que los socialistas celebraron el pasado mes de Noviembre. Ahora han pasado del dicho al hecho. En su iniciativa parlamentaria, una proposición de ley, se regula por primera vez la figura del "consumidor vulnerable" que tendrá derecho al suministro energético suficiente para satisfacer sus necesidades domésticas básicas, a un precio garantizado por una tarifa social que no tendrá en cuenta la fluctuación de los precios del mercado.

Será el gobierno quien promueva la creación de un fichero actualizado de personas en situación de pobreza energética. Se considerarán consumidores vulnerables a los perceptores de pensiones mínimas de la Seguridad Social, a las unidades familiares que tengan todos sus miembros en situación de desempleo, a las familias numerosas o que se encuentren en circunstancias extremas, y a las que hayan obtenido el reconocimiento del derecho a percibir ayudas. Es la Administración quien reconoce ésta situación, tras un examen individualizado de los servicios sociales. Ninguna compañía podrá cortar el suministro sin tener autorización para ello, menos aún en periodos estacionales en los que las temperaturas sean más bajas.

Soraya Rodriguez, la portavoz socialista, cree que es el momento de mover ficha ante éste problema teniendo en cuenta la insensibilidad que está demostrando el PP y el gobierno ante situaciones de clara vulnerabilidad: "El gobierno considera que ésta situaciones, como la de los niños que si no desayunan en el colegio no desayunan, o la de personas a quienes se les corta la calefacción con temperaturas bajo cero, son daños necesarios para salir de la crisis. Han aceptado que tiene que haber un número amplio de la población que sufran las consecuencias de la recuperación", señalaba.

EL PSOE cambia el nombre de bono social por el de la tarifa social porque entiende que se está hablando de garantía de derechos, no de beneficencia. La tarifa social de cada suministro- luz y gas- se aprobará con carácter trimestral por acuerdo del Consejo de Ministros y a propuesta de la CNMV. En función del suministro energético del que hablemos se aplicará un determinado nivel de potencia o consumo suficiente para cubrir las necesidades básicas. La diferencia entre lo que cuesta la luz y la tarifa social se financiará a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Los socialistas quieren que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley, el gobierno, junto a las Comunidades Autónomas, apruebe una estrategia para erradicar la pobreza energética. Una estrategia que tendrá el respaldo de un fondo anual contemplado en los PGE.