Los desalojos y las okupaciones crecen tras un año de ley antidesahucios

Un año después de la entrada en vigor de la llamada 'ley antidesahucios' el número de lanzamientos ha crecido, de acuerdo a los últimos datos del Banco de España y del Consejo General del Poder Judicial. Por su parte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) continúa con la paralización de desahucios y el "realojo" de familias (okupaciones) en bloques de viviendas vacías propiedadad de la banca. Mientras tanto, el código de buenas prácticas y el fondo social de viviendas, incluidos en la ley, no terminan de despegar | Consulta el mapa de desahucios de España

Este jueves se cumple un año de la entrada en vigor de la ley antidesahucios y el número de lanzamientos no ha dejado de subir. En el tercer trimestre del año pasado se produjeron 4.747 lanzamientos y en el cuarto trimestre ascendieron a 7.215. En total, en 2013 se alcanzaron los 25.811, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una estadística que diferencia por primera vez entre los desahucios fruto de ejecuciones hipotecarias de los efectuados por impago de alquiler (por este motivo se llegó hasta los 38.141 lanzamientos).

También el Banco de España recopila cifras de desahucios desde 2012 con información proporcionada por los propios bancos. Su estadística es más precisa que la del CGPJ porque desagrega entre primera vivienda y otros inmuebles (garajes, locales...). De acuerdo a los últimos datos publicados por el supervisor bancario, en el primer semestre de 2013 se habían producido 28.170 entregas de vivienda habitual, un número que se acerca a las 39.051 viviendas que los ciudadanos perdieron en todo 2012. El propio Banco de España reconoce que, de seguir esa tendencia en la segunda mitad de 2013, se finalizará con más desahucios que el año anterior.

En cuanto a las daciones en pago, en la primera mitad de 2013 se aceptaron 8.856, mientras que en el conjunto de 2012 se acordaron 15.174.

A su vez, el Colegio de Registradores acaba de publicar las ejecuciones hipotecarias que se iniciaron entre enero y marzo de 2014, aunque esos procesos no tienen por qué acabar forzosamente en un desahucio y no pueden compararse con periodos equivalentes porque es la primera vez que ofrecen un balance trimestral. Con todo, entre enero y marzo de 2014 se produjeron casi 18.500 inicios de ejecuciones hipotecarias, la mayoría sobre personas físicas (64%) de nacionalidad española (89%). Andalucía (4.303), Cataluña (3.962) y Comunidad Valenciana (2.648) fueron las autonomías con más casos.

Duras condiciones

Y es que la ley antidesahucios, (la ley de protección a los deudores hipotecarios, restructuración de la deuda y alquiler social) ha sido criticada por sus detractores por alcanzar sólo a unos pocos. Entre otras medidas, la ley establece la paralización de los lanzamientos durante dos años desde su entrada en vigor, pero para las situaciones de especial vulnerabilidad social y circunstacias económicas adversas. Eso implica que los afectados tienen que formar parte de una familia numerosa, o estar sólo con dos hijos a cargo, o tener un menor de tres años. Además, el conjunto de los ingresos de la unidad familiar no puede superar tres veces el IPREM (unos 1.600 euros mensuales) y la cuota hipotecaria debe ser superior al 50% de las rentas familiares, entre otros requisitos.

Código de buenas prácticas

La ley incluye también un código de buenas prácticas para la banca (cuya creación se aprobó en marzo de 2012). La adhesión al código es de carácter voluntario pero de obligado cumplimiento para las entidades que lo suscriban. Los últimos datos disponibles demuestran sin embargo la escasa repercusión del código. Entre marzo de 2012 y diciembre de 2013, las entidades financieras que lo componen han recibido 14.368 casos de ciudadanos con problemas para hacer frente a su hipoteca, de los que sólo 3.833 se han resuelto de forma favorable. De éstos, 2.827 han sido reestructuraciones de deuda y 1.006 daciones en pago, según una reciente respuesta parlamentaria del Gobierno a la diputada de CiU Lourdes Ciuró.

Fondo social de viviendas

Otro de los instrumentos del Ejecutivo que contempla la ley es el Fondo Social de Vivienda. Este Fondo ha recibido 1.537 solicitudes desde que se activó en marzo de 2013, de las que se han materializado 780 adjudicaciones de vivienda, sólo el 13% de las 6.000 viviendas con las que cuenta el Fondo. Se trata de pisos para alquilar a bajo precio (entre 150 y 400 euros mensuales).

La razón de que el Fondo no termine de arrancar los bancos implicados la atribuyen al estrecho filtro que hay que pasar para hacerse con uno de sus pisos. Ese filtro pasa por demostrar la "vulnerabilidad social" y las condiciones económicas adversas que también contempla la ley. Ahora, el Ministerio de Economía ha anunciado una flexibilización de esos requisitos para acoger más supuestos de vulnerabilidad. Se amplía a las familias con hijos menores de 18 años (hasta ahora no podían ser mayores de tres años), acogerá a personas mayores en situación de prejubilación o jubilación que mediante aval hayan asumido las deudas de sus hijos o nietos, y se aceptarán circunstancias distintas de las establecidas si un informe de los Servicios Sociales acredita el riesgo social.

La PAH

Mientras tanto, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) denuncia que la 'ley antidesahucios' ha llegado sólo a un 10% de los afectados. Por su cuenta, ha paralizado 1.135 desahucios y su Obra Social ha "realojado" a más de 1.200 personas en 17 bloques de viviendas "liberados" (el último en Madrid, en el barrio de La Latina), edificios de pisos vacíos propiedad de la banca o la Sareb. Prefieren hablar de "realojos" de familias y de bloques "liberados" en lugar de okupaciones de viviendas, porque consideran que es "completamente legítimo" lo que hacen, ya que "todos esos bloques se han salvado con dinero público tras el rescate a la banca", afirma Lucía Lois, portavoz de la PAH en Madrid.

Para Lois, la 'ley antidesahucios' es "completamente insuficiente" y "no creemos que incluya las propuestas que nosotros presentamos en la ILP, (una iniciativa legislativa popular que contó con el respaldo de un millón y medio de personas): la dación en pago, la paralización de todos los desahucios y una política de vivienda pública activa". "Lo que exigimos", continúa la portavoz de la plataforma, "no es más que la puesta en marcha de los derechos recogidos en la Constitución española, que el Gobierno del PP no ha llevado a cabo con esta ley y sí lo está haciendo la PAH".

La norma es "sólo un cambio de la ley hipotecaria, no de todas las políticas de vivienda. Sólo afecta a los que tienen problemas con la vivienda por haber firmado una hipoteca. Además, los plazos que se dieron para poder recurrir a este cambio legal (denunciar cláusulas abusivas) fueron muy cortos. También la moratoria de dos años tiene un plazo muy reducido. Cuando acabe, muchísimas familias volverán a encontrarse con el mismo problema", advierte.

En definitiva, "es un parche". "No soluciona los problemas de base que hay en España con la vivienda, que es un bien que debería estar regulado por leyes fuertes y, sin embargo, sigue siendo un bien privatizado con el que poder especular y de muy difícil acceso para la población", concluye la portavoz de la PAH.