Human Rights Watch acusa a España de vulnerar los derechos humanos por los desahucios

«El sueño de tener casa propia se ha convertido en una pesadilla de ejecuciones hipotecarias, desahucios y sobreendeudamiento», afirma la autora del informe. «Pero no se trata simplemente de una cuestión de aspiraciones aplastadas. Esto es una cuestión de responsabilidades del gobierno de garantizar derechos humanos básicos, incluido el derecho a una vivienda adecuada» denuncia Human Rights Watch en su informe monográfico sobre España dedicado al impacto de la crisis inmobiliaria sobre los colectivos más vulnerables. Se ha fomentado o privilegiado la compra de viviendas, se ha invertido muy poco en viviendas sociales en comparación con otros países europeos, y todo esto junto la política de concesión de préstamos «irresponsables» está castigando especialmente a inmigrantes, mujeres y niños, las principales víctimas de los desahucios. Son algunas de las conclusiones del informe «Sueños Rotos: el impacto de la crisis de la vivienda en España sobre los grupos vulnerables» que ha llevado a cabo en nuestro país la ONG Human Rights Watch. «Las prácticas de préstamo irresponsables, las cláusulas injustas de los contratos hipotecarios (como tasas de interés de demora exorbitantes, el comportamiento sin escrúpulos por parte de los intermediarios), así como la falta de supervisión durante los años del auge económico, crearon una tormenta tóxica perfecta cuyas repercusiones podrían sentirse durante años» señala Human Rights Watch. Según Judith Sunderland, investigadora sénior para Europa Occidental de esta organización y autora del Informe, la conclusión principal de este trabajo de 88 páginas es que las políticas del Gobierno siguen siendo insuficientes para acabar con los desahucios. De las 44 entrevistas en profundidad realizadas por Human Rigths Watch, para la elaboración del informe, quien llamar la atención sobre perfiles de los colectivos más vulnerables: inmigrantes, mujeres cabeza de familia y sus hijos. En el informe se hace referencia al caso de Daniela, una madre soltera desempleada, fue desahuciada en mayo de 2011 por el impago de sus cuotas de la hipoteca. Su hijo mayor, ahora de 14 años, comenzó a tener problemas en la escuela cuando se enfrentaron a la ejecución hipotecaria y desahucio. «Él lo sabía todo», dijo. «La escuela me recomendó que fuese a ver un psicólogo». Ella también fue a terapia y tomó medicamentos que le recetaron: «Sentí como si estuviera en un agujero negro. Pero tengo que tener la fuerza para seguir adelante. Tengo tres hijos, no puedo permitirme el lujo de la depresión». Esta ONG recuerda que España «tiene uno de los niveles de propiedad de vivienda más altos de la Unión Europea -alcanza el 85 por ciento- y apenas el 2 por ciento de la oferta total de vivienda está reservada para la vivienda pública o de alquiler subsidiado». Además, Human Rights Watch echa mano de los últimos datos publicados por el Banco de España (la banca se quedó con cerca de 50.000 viviendas en 2013, un 11 por ciento más que el año anterior) para manifestar su pesimismo de cara al futuro. Sunderland asegura que si el Gobierno español no reacciona ya, el problema de la vivienda podría aun empeorar. La ONG recuerda que el derecho a un nivel de vida adecuado incluye el derecho a una vivienda y que por tanto se trata de un derecho humano que los gobiernos deben respetar. Human Rights Watch se ha dirigido además a representantes del Gobierno español, con los que están a la espera aun de reunirse y a 11 bancos de los que 7 respondieron sobre sus preguntas relacionadas con las malas prácticas de préstamos o cláusulas abusivas.